Asturias, Canarias y Andalucía han decidido seguir impartiendo la asignatura de Educación para la Ciudadanía, a pesar de que la ley del ministro de Educación, José Ignacio Wert, la ha retirado de su plan de estudios.
Andalucía también ha anunciado, junto con el País Vasco, que no cumplirá con el calendario de implantación de la reforma educativa, por lo que en septiembre no podrá empezar a aplicarse la LOMCE en primero, tercero y quinto de Educación Primaria en los colegios de sus comunidades, tal y como establecía la ley.
El consejo de Ministros aprobó ayer la suspensión de la prueba de Selectividad para el próximo curso
Esto supone que al menos el 25% de los alumnos españoles no cambiarán de sistema educativo a partir del próximo curso. El consejero de Educación de Andalucía, Luciano Alonso, aseguró que el curso 2014-2015, será «de transición». Alonso explicó que ha publicado unas instrucciones dirigidas a los colegios en los que se deja claro que la Lomce no se aplicará en primero, tercero y quinto de Primaria porque «resulta imposible que la normativa andaluza pueda estar aprobada y publicada a tiempo». Así, los centros educativos andaluces se seguirán rigiendo por la anterior ley educativa, la LOE.
En el País Vasco la situación será similar. La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ya ha explicado en varias ocasiones que necesitarían al menos ocho meses para poder desarrollar su normativa, por lo que paralizarán el programa de renovación de libros de texto para el próximo curso hasta que se apruebe el desarrollo curricular. Y es que entre la aprobación de la Lomce el pasado diciembre y el inicio del curso solo hay nueve meses de margen, mientras que con la anterior Loe en 2006 las comunidades tuvieron 16 meses para adaptarse a la reforma.
Por su parte, la consejera de Educación de Asturias, Ana González, reveló que en su comunidad, en Canarias y en Andalucía la asignatura de Educación para la Ciudadanía seguirá siendo «obligatoria» y explicó que no pueden permitirse que «la contienda política ponga en riesgo a una generación entera de estudiantes». El vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, señaló que estas medidas de «contención» se llevarán a cabo para evitar un «retroceso» en materia educativa y añadió que se oponen «frontalmente» a la ley del ministro Wert.
La Formación Profesional Básica fue otra de las novedades de la nueva ley educativa que Alonso, González y Pérez criticaron. La consejería de Andalucía favorecerá que los alumnos de estas enseñanzas alcancen una titulación completando su formación con 100 horas más para que estén en «igualdad de condiciones» frente a quienes cursan la ESO.
Además, la consejera de Educación de Asturias aseguró que «a día de hoy no sabemos de qué cantidad de dinero dispondremos para financiar esta nueva FP Básica». Para el vicepresidente canario, estas nuevas fórmulas educativas no se hacen por recortes presupuestarios, sino que llevan consigo una «enorme carga ideológica» porque con ellas se pretende «segregar a los alumnos» desde edades muy tempranas.
Copago educativo
El vicepresidente canario criticó las declaraciones del ministro Wert, que la semana pasada aseguró que «no descarta» el copago en las fases de la educación pública no obligatorias «por equidad y justicia», como son la universitaria y la de los niños de 0 a 3 años. Así, Pérez comentó quela educación es un derecho fundamental y que el copago que se pretende instaurar es una «alteración de un principio constitucional» con el que el Gobierno pretende que «se pague dos veces».
Según el vicepresidente, el ministro de Educación está «intentando colar un copago educativo escondido tras un fuerte recorte en educación, como ya intentaron hacer con la sanidad pública». Así, los tres representantes socialistas de Asturias, Canarias y Andalucía exigieron a Wert que convoque de urgencia una Conferencia Sectorial para abordar todos los aspectos de la Lomce con los que están en desacuerdo.
Finalmente el Consejo de Ministros dio luz verde al Real Decreto por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado, que acabará con la Selectividad en 2017, primer año académico en que los estudiantes no tendrán que someterse a dicha prueba.
