Los taxistas bloquean carriles de la Castellana en su séptimo día de huelga. EFE
El gobierno de este país, hace ya unos meses, traspasó las competencias del transporte urbano, en concreto de las llamadas VCTs a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos.
Consideró, cual gesto de Pilatos, que el problema no era suyo y que debían regularlo quienes lo tienen entre sus calles y vías públicas. Y ahí surgió el problema, cuando cada CCAA y/o Ayuntamientos empezaron a legislar por su cuenta.
Los taxistas viendo su oportunidad, una oportunidad clara de hacer desaparecer a su competencia, empezaron a presionar a quienes no quieren problemas o quienes quieren generarlos.
De ahí que, por ejemplo, en Barcelona y en Cataluña, se haya llegado a un pacto. Así la patata caliente pasa a manos de otros, caso de Madrid.
Pero he aquí que en la capital española, no se ha conseguido un acuerdo. Presiones partidistas parece que lo impiden.
Quien más perjudicado de todo ello… el ciudadano, que acaba siendo el pagano de los «dimes y diretes» de unos y de otros. Eso si, el gobierno lavándose las manos.
