El proyecto de pena de cárcel que el Fiscal ha pedido para los líderes del movimiento independentista catalán parece, según la mayoría de los medios de comunicación, que se ha quedado corto, cuando solo lo separan de la pena máxima cinco años.
Lo importante en estos momentos no debería ser la pena sino que las leyes de este país castiguen las penas de rebelión y sedición, para que aquellos que tengan tentaciones futuras, sepan que con el Estado no se juega.
Pese a los intentos de algunos miembros del Gobierno de España por influir a la judicatura, los fiscales lo tienen claro. Hay que imponer la pena correspondiente, sin duda alguna, sin dejarse influenciar por un Gobierno solamente preocupado en mantenerse en el sillón con los apoyos de quienes le han aupado a él.
“Las bajadas de pantalones” de este Gobierno comienzan a ser épicas y sonrojantes. El vaivén con el Estado de Derecho es un hecho estos últimos meses.
El juez Llarena, y el resto de jueces, de momento, no se están dejando mediatizar por la situación. Una pega solamente, el juicio debería haberse producido ya. Cuanto más se tarda, más mártir se hace a quien está, en la cárcel y más posibilidades de hacerles salir.
