El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta, Carmen Calvo. EFE
El Gobierno ha advertido hoy a la Mesa del Congreso que no puede revisar los acuerdos de una comisión de la Cámara, como al que podría llegarse en la Comisión de Justicia para aprobar una enmienda que facilitaría aprobar la reforma de la Ley de Estabilidad.
El PSOE ha presentado una enmienda al proyecto de reforma de la Ley del Poder Judicial sobre violencia de género que, a su vez, modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar que el Senado -en el que el PP tiene mayoría absoluta- tenga la última palabra sobre los objetivos de déficit.
El PP ya ha anunciado que tratará de frenar la tramitación de esa enmienda y, para ello, ha pedido por escrito a la Mesa de la Comisión de Justicia, que se reúne hoy, que no admita la enmienda a trámite, al tiempo que ha pedido el amparo a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en defensa de sus derechos como grupo parlamentario.
Si no prospera esa pretensión, el PP presentará un recurso de alzada ante la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos tienen mayoría.
Ante esa posibilidad, el Ejecutivo ha lanzado hoy la advertencia al órgano de gobierno de la Cámara Baja de que «el histórico es claro» y no puede revisar los acuerdos alcanzados en comisión.
El Gobierno no ha presentado de momento escrito alguno ante la Mesa, pero fuentes del Ejecutivo aseguran que se esperará a conocer la evolución de los acontecimientos y se actuará en caso de que sea necesario.
Las fuentes citadas recuerdan que ya ha habido casos en los que se constata que no puede hacerse esa revisión y cita una reunión de la Mesa del Congreso en la que fue el propio PP el que llegó a esa misma conclusión.
Así, recuerda una decisión adoptada por la Mesa el 24 de junio de 2014, con Jesús Posada como presidente, en la que se rechazó la petición del grupo de La Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) para que reconsiderara un acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia respecto al proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector público.
En su justificación para rechazar la petición de ese grupo se subrayaba que «no existe un sistema de recursos de alzada generalizado en virtud del cual la Mesa del Congreso pudiera resolver cualquier reclamación contra actos de otros órganos de la Cámara».
«Por el contrario -consideró entonces la Mesa-, la inexistencia de una relación jerárquica entre los distintos órganos abona la restricción del ámbito de recursos contra actos parlamentarios a los regulados expresamente en el Reglamento».
Y añadía que la intervención de la Mesa de la Cámara ha de realizarse de forma restrictiva «puesto que ni el artículo 31 del Reglamento ni ningún otro precepto atribuyen a la Mesa de la Cámara la competencia para revisar la decisión adoptada por la Mesa de la Comisión respecto a la calificación» de las enmiendas que en ese momento estaban en cuestión. EFE
Noticias relacionadas
El PP tratará de frenar en el Congreso el cambio de ley de estabilidad o irá al TC
Sánchez defiende la legalidad de la enmienda para sortear el veto del Senado que PP tacha de fraude
