El ataque que está llevando a cabo el poder ejecutivo de este país, o sea el Gobierno, contra los poderes legislativo y ejecutivo amenaza con hacer saltar por los aires a la democracia española.
Primero contra el Senado, quitándole competencias; segundo contra el Juez Llarena, no prestándole la debida defensa jurídica contra el ataque nacionalista catalán en la depauperada justicia belga caracterizada por defender a rebeldes y terroristas frente a todo un Estado.
Y todo por mantener en el poder a un gobierno que solo tiene 84 diputados en un Congreso de 350 diputados.
Más no importa, todo vale para poder cambiar a toda una sociedad, sometiéndola a una transformación de consecuencias muy graves para su ciudadanía.
Consecuencias que pueden ya verse en la sociedad catalana, por ejemplo. Una sociedad totalmente fragmentada y en la que la violencia es cada vez mayor.
Se impone una reacción a todos los niveles.


