Edificio del Tribunal Constitucional
La funesta ley aprobada por el gobierno nacionalista de Navarra sobre las víctimas de extrema derecha y policía ha sido anulada casi en su totalidad por el Tribunal Constitucional.
Una Ley que solo pretendía revanchismos de todo tipo contra quienes más han sufrido el azote terrorista, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no podía acabar en buen puerto.
La obsesión de quienes se empeñan por causar daño a inocentes no tiene limites. Con la excusa de un mandato conseguido en las urnas, se pretende castigar a una parte de una sociedad que reivindica el daño sufrido, que reivindica los más de mil asesinatos llevados a cabo por una banda terrorista que, hoy, es agasajada y festejada por quienes ostentan cargos de gobierno.
El débil Gobierno que existe hoy en este país, lo permite. Y es que está sujeto a compromisos que avergonzarían al más pintado. Compromisos, por ejemplo, con el Partido Nacionalista Vasco, por los cuales se ve obligado a retirar recursos contra leyes que benefician al entorno terrorista etarra, por cierto, similares a la que ha sido desautorizada aquí en Navarra.
El Tribunal Constitucional corrige al Gobierno, más este se empeña en huir hacia adelante. El poder, vulgarmente llamado el sillón, es lo único que importa.
