Desde la llegada del gobierno de Sánchez al poder, los separatistas vascos y catalanes están aumentando exponencialmente sus actos en favor al derecho a decidir su independencia.
Las deudas adquiridas por el Gobierno socialista con catalanes y vascos empiezan a pasar factura. Las más de 100.000 personas que hoy ha utilizado el nacionalismo vasco para unir sus tres capitales ha conseguido que se vea que muchos miles de personas piden, exigen, el derecho a decidir. El Gobierno no parece que vaya a decir nada al respecto.
El nacionalismo catalán continúa con su estrategia. Continúa pidiendo un dialogo de igual a igual entre Cataluña y España, un dialogo de presidentes, en el que todos sean tratados por igual. Da igual lo que hayan hecho, el caso es dialogar.
No parece, a tenor de los últimos movimientos del Gobierno de Sánchez, que estas actuaciones supongan un problema, sino más bien una justificación. Una justificación que permita acercar presos, que permita modificar la constitución y que, con ello, España se transforme en algo completamente distinto a lo que hoy conocemos.
Mientras que los partidos llamados constitucionalistas no sepan a qué atenerse, unos por no tener líder y otros por no saber bien que estrategia seguir, el separatismo “campará por sus respetos”. Mientras tanto Sánchez seguirá gobernando, que, a la postre, eso es lo que quería. Sin elecciones antes y después de la moción de censura. Aquí paz y después gloria.

