Concentración frente al Palacio de Justicia de Navarra en protesta por la sentencia. EFE/ Jesus Diges
La polémica sentencia de la Manada, la crisis institucional en Cataluña y la crisis institucional en Madrid tras la dimisión de la presidenta madrileña Cristina Cifuentes serán tres de los asuntos principales de la sesión de control al Gobierno de hoy en el Congreso.
Después de dos semanas sin sesión de control por el debate de los presupuestos y el puente del Primero de Mayo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, regresa al Congreso para responder a tres preguntas de la oposición.
La portavoz del PSOE, Margarita Robles, preguntará a Rajoy que aclare qué ha hecho para evitar el «deterioro institucional» en la Comunidad de Madrid, gobernada desde hace más de 20 años por el PP.
Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, preguntará al presidente del Gobierno por la corrupción de su partido.
«¿Sigue pensando el presidente del Gobierno que los casos de corrupción que afectan a su partido deben considerarse casos aislados?», pregunta Iglesias.
Albert Rivera, de Ciudadanos, se interesará por la situación en Cataluña y pedirá a Rajoy que le explique por qué el Gobierno no ha recurrido aún ante el Tribunal Constitucional el voto delegado en el Parlament de diputados prófugos de la justicia.
Sin abandonar Cataluña, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, preguntará al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, por qué mantiene en su cargo de presidente del Puerto de Barcelona a un imputado de la trama del 3 por ciento.
La sentencia por abuso sexual de la Manada, su repercusión en el mundo judicial y en la lucha contra la violencia machista es el motivo también de varias preguntas al Gobierno.
Irene Montero, de Podemos, se dirigirá al ministro de Justicia, Rafael Catalá, para preguntarle por las medidas que piensa poner en marcha el Gobierno para garantizar la necesaria perspectiva de género en la justicia.
La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, también preguntará a Catalá cómo piensa cumplir el mandato del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en la mejora de la formación de los «operadores jurídicos en esta materia».
Marta Sorlí, de Compromís, formula una cuestión a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat. La diputada criticará que no se hayan incluido en el proyecto de presupuestos de 2018 la partida de 120 millones de euros de transferencias a las comunidades y ayuntamientos comprometidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. EFE
