Manu Ayerdi, vicepresidente primero y consejero de Economía del Gobierno Foral. EFE
El vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ha manifestado que el proceso judicial en el que se encuentra inmerso la empresa Onena por una posible estafa en la obtención de subvenciones «tiene pinta de que va a ser largo» porque «todavía está en fase de instrucción».
«Ni siquiera la Fiscalía ha calificado la situación, todavía está en fase de instrucción», ha afirmado en la comisión parlamentaria, a la que ha acudido a petición de los cuatro grupos que sustentan el cuatripartito para informar sobre la situación de la empresa Onena, que se encuentra en concurso de acreedores.
Ayerdi, que ha explicado que «debe ser un expediente muy complicado y muy largo», ha reconocido que «hoy por hoy, es prematuro hablar» de posibles actuaciones por parte del Gobierno como posible perjudicado porque hay «mucho camino por delante».
«Si de todo este proceso, que tiene pinta de que va a ser largo, saliese una sentencia que definiera que efectivamente ha habido comisión de algún tipo de delito, valoraremos si procede o no procede que tomemos actuaciones», ha destacado.
Según ha relatado, «es un caso especial para este gobierno» pues la primera noticia que se tuvo de dicha compañía fue en el año 2016 cuando, en el marco de una investigación penal, un juzgado de Tolosa solicitó información sobre las ayudas públicas otorgadas a la misma.
«La información fue remitida rápidamente», ha asegurado. El consejero, que ha añadido que la asesoría jurídica del Gobierno foral se personó en dichas actuaciones judiciales en nombre de la Hacienda Tributaria de Navarra, ha recordado que también se pidió a los servicios jurídicos que se personaran en el juzgado de Tolosa para representar a Desarrollo Económico.
Por otro lado, ha trasladado que la situación de concurso de acreedores en la que se encuentra actualmente la compañía es «muy reciente», del 22 enero del 2018, y responde a «una petición de concurso voluntario por parte de los propios administradores». «El hecho de que la sociedad esté en concurso y tenga una administración concursal permite tener un interlocutor libre de la carga que suponen los procesos judiciales», ha aseverado.
Tras especificar que se ha nombrado como administrador concursal a la empresa Mr Legal Auditing, domiciliada en Navarra, ha anunciado que el Gobierno se pondrá en contacto con esta compañía, que «necesitará un poco de tiempo» para situarse, y «a partir de ahí establecer una relación» para intentar recuperar el único expediente de ayudas sobre el que hay posibilidad de acción.
En este sentido, ha explicado que de los 655.000 euros invertidos en la empresa entre 2007 y 2013 (319.000 para Inversión, 312.000 para I+D+I y 24.000 para Energía), solo en uno de los tres expedientes correspondientes a Inversión sería posible tramitar una solicitud de reintegro. «De los tres expedientes de ayudas de Inversión, vamos a remitir información a la administración concursal en uno de ellos», ha precisado.
Ha recordado que la empresa pública Sodena invirtió en la compañía 5 millones de euros entre 1994 y 1998, para salir de la misma en 2001 recibiendo 1,3 millones. «Es una relación deficitaria: aportación de 5 millones y salida por 1,3», ha indicado.
El parlamentario de Geroa Bai Rafael Eraso se ha mostrado apenado por el hecho de que solo se puedan intentar recuperar unos 83.000 euros y que el resto de los 655.000 euros se haya «perdido».
Por EH Bildu, Arantxa Izurdiaga ha trasladado «cierta preocupación» al preguntarse si «esta situación se podía haber evitado» y ha cuestionado si «realmente hemos llegado aquí por una falta de control por parte de la Administración».
Carlos Couso (Podemos) ha apostado por mejorar los mecanismos de control para hacer un «mejor seguimiento» del dinero público, y ha lamentado ver a esta empresa «en la situación en la que está, cuando podíamos estar hablando de una de las grandes de Navarra».
También José Miguel Nuin (I-E), se ha mostrado preocupado por «el nivel de control y eficacia con el que cuentan las ayudas».
El regionalista Carlos García Adanero ha trasladado su apoyo al Gobierno foral «en la defensa de los intereses generales de Navarra» y en «aquellas medidas que pueda hacer para poder mantener los puestos y la actividad de la empresa».
La socialista Ainhoa Unzu, que ha considerado que es un «tema preocupante», ha cuestionado «cómo es posible que una empresa que en 2016 se repartía un millón de euros de dividendo, después de un año y medio anuncie un concurso de acreedores».
Ana Beltrán (PPN), ha apostado por estudiar «por qué, hasta dónde y cómo se controla si se ha hecho un uso efectivo o no» de aquellos objetivos para los que se habían concedido las ayudas. EFE
