El Tribunal Constitucional acaba de arruinar la ya de por sí difícil situación que el idioma vehicular de todos los españoles tiene en Cataluña.
La sentencia declara inconstitucional la subvención que las familias recibían para poder llevar a sus hijos a centros privados catalanes donde si se imparte la enseñanza en español. Hay que recordar que en ningún centro público catalán esto ocurre; no hay enseñanza en español, sólo en catalán.
El Gobierno recibe así un aldabonazo a su intención de no eliminar la llamada inmersión lingüística por la que el catalán es la única lengua vehicular en esta comunidad autónoma. Su “brindis al sol”, al anunciar y luego retirar, que en las hojas de preinscripción se iba a incluir una casilla para que los padres pudieran pedir enseñanza en español, es una muestra de dicha intención.
Las Comunidades Autónomas no deberían ser las responsables de la educación de los ciudadanos que viven en ellas. Es el Gobierno quien debe marcar los criterios educativos. El principal debería ser el aprendizaje en la lengua vehicular del país, en este caso el español. El actual Gobierno ya pudo hacerlo cuando tenía mayoría absoluta, pero entonces prefirió contentar a los nacionalistas, con la absurda creencia de que así evitaba males mayores, por ejemplo, los afanes independentistas. Dichos afanes, obviamente no se han evitado.
El Gobierno y los sucesivos gobiernos que tenga este país deberían regular esta intención, deberían no dejarse llevar por puros afanes electoralistas y de consecución de gobiernos. Seguramente la situación actual no volvería a repetirse.
