Madrid, 1 ene (EFE).- La Audiencia Nacional celebrará en 2018 el segundo juicio a la trama Gürtel contra la antigua cúpula del PP valenciano por financiación ilegal y también sentará en el banquillo a los agresores de dos guardias civiles en Alsasua (Navarra), dos juicios que protagonizarán el año en este tribunal.
Tan solo habrá que esperar quince días del año que se estrena para que arranque el juicio contra la rama valenciana de la trama Gürtel.
Se trata del tercero a la red liderada por Francisco Correa (el primero fue el de Fitur, celebrado en Valencia, y el segundo el de los primeros años, todavía pendiente de sentencia), que tendrá como acusados varios ex altos cargos del PP de Valencia.
Entre ellos el exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla, el ex secretario general de la formación regional Ricardo Costa y su segundo David Serra o la exgerente Cristina Ibáñez. Los cuatro se enfrentan a una petición fiscal de 7 años y 9 meses de cárcel.
En total, el Juzgado Central de lo Penal sentará en el banquillo a 20 acusados durante 22 sesiones. Varios empresarios acusados pactaron con la Fiscalía para ser condenados a penas inferiores a dos años, sustituibles por multas, a cambio de confesar que financiaron al PP en campañas electorales.
En abril, del día 16 al 27, se celebrará el juicio contra 8 encausados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua en octubre de 2016.
La Fiscalía les pide entre 12 y 62 años de prisión por delitos de terrorismo, ya que entiende que la agresión se produjo dentro de una campaña que buscaba la expulsión de las fuerzas de seguridad del País Vasco y que pretendía crear un «clima de miedo y rechazo entre los ciudadanos» para aislar socialmente a los agentes.
Estos juicios se esperan mediáticos, pero seguramente lo serán más los resultados de las investigaciones que llevan, en fase de instrucción, los jueces de la Audiencia Nacional.
La magistrada Carmen Lamela se ha quedado con la parte del proceso independentista catalán que atañe a los Mossos d’Esquadra, con el mayor Josep Lluís Trapero a la cabeza, pero es posible que amplíe la investigación a personas que colaboraron con la causa secesionista desde la Administración catalana.
No obstante, el asunto podría acabar junto con el resto de la causa en el Tribunal Supremo, como ha pedido la Fiscalía.
El juez Fernando Andreu investiga por su parte los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, una causa aún secreta, y su compañero Manuel García Castellón la corrupción en el PP de Madrid de Ignacio González en el caso Lezo.
En esta última causa, el juez ha citado como investigados a los responsables del Canal en época de Alberto Ruiz-Gallardón que aprobaron una compra millonaria en 2001 de una empresa por parte del Canal de Isabel II. Y ha pedido identificar a los miembros de su Gobierno que dieron su visto bueno, un paso más de cara a llamar a declarar al expresidente madrileño.
Otros procesos que darán sin duda que hablar serán el caso Pujol, la investigación contra el excomisario José Villarejo y las dos causas de fútbol que lleva el tribunal: contra el expresidente del Barcelona Sandro Rosell y el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Ángel María Villar.
La investigación a la trama Púnica está avanzando con las declaraciones del «arrepentido» David Marjaliza y la última confesión del empresario Daniel Mercado, que ya colaboró con la justicia en el caso Palma Arena acusando a Jaume Matas y ahora ha admitido que el PP de Madrid le pagó en B trabajos de publicidad para la campaña de 2007.
Además, varias causas están ya pendientes de fecha de juicio y serán por tanto las primeras en ser juzgadas, entre ellas la conocida como el caso Bárcenas, sobre la presunta caja B del PP, que en los últimos meses ha dado lugar a una pieza separada en la que Anticorrupción intenta aclarar pagos de empresarios al PP.
Se debe fijar también fecha para el juicio sobre la segunda causa abierta en la Audiencia -la primera acabó en un juzgado de Barcelona- por estafa en el fichaje de Neymar por el Barça, en la que se sentarán en el banquillo el delantero brasileño (se enfrenta a 2 años de cárcel) y también el presidente y expresidente del Barça Josep María Bartomeu y Sandro Rosell.
En el ámbito económico, 2018 verá las declaraciones en la Audiencia Nacional de los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, y de sus respectivos consejos, investigados por varios delitos societarios en dos piezas separadas, la primera por la ampliación de capital de 2016 y la segunda por una posible manipulación del mercado con informaciones presuntamente falsas para hacer caer las acciones.
Está además pendiente de fecha el juicio contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, para quien Anticorrupción pide 5 años de cárcel por fraude a los inversores que acudieron a la salida a Bolsa de julio de 2011 en una causa en la que también están acusadas otras 34 personas, entre ellas el exministro Ángel Acebes. EFE
