El pleno del Parlamento foral ha aprobado esta tarde la modificación de la ley de Haciendas Locales de Navarra, por la que se establece que no se tributará por aquellos supuestos en los que no existan plusvalías al realizar una venta de inmuebles o terrenos.
La propuesta, que ha contado con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e IE y el rechazo de UPN, PPN y PSN, pretende dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2017 que estimaba la inconstitucionalidad de diversos artículos de dicha norma.
Tal y como se recoge en la exposición de motivos, se pretende «clarificar los efectos de la mencionada sentencia en relación con la aplicación del ‘Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana'».
Para ello, se procede a efectuar las pertinentes modificaciones para «no someter a tributación» aquellos supuestos en los que no existan plusvalías.
Con la aprobación de esta ley, se procederá a la devolución de las cantidades correspondientes únicamente a aquellos usuarios que hayan vendido en pérdidas entre el 15 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, dejando fuera de la aplicación de esta ley a aquellos que se encontrasen en esta situación antes de haberse dictado la resolución del Tribunal Constitucional.
Por otro lado, a los hechos imponibles que se produzcan a partir del 1 de enero de 2018 se les aplicará una normativa diferente si una vez acreditado el incremento de valor en la transmisión diera lugar a tributación.
La portavoz popular, Ana Beltrán, ha considerado que se está cometiendo «una de las mayores injusticias» porque «aquellos que no reclamaron antes del 15 de julio no van a tener derecho a reclamación».
«Vergüenza les tendría que dar, a los que se proclaman defensores de los débiles, que permitan la injusticia que se va a hacer con todas aquellas personas que han tenido que pagar una plusvalía inexistente», ha denunciado Beltrán, que ha pedido un informe jurídico porque la formación tiene sus dudas acerca de si esta medida es constitucional.
En la misma línea se ha mostrado el regionalista Juan Luis Sánchez de Muniáin, que ha advertido que esta situación puede generar «más inseguridad jurídica», así como la socialista Ainhoa Unzu, que ha denunciado que el cuatripartito ha «dado la espalda» a los afectados.
«Esperábamos mucho más, que el Gobierno iba a tener otro tipo de sensibilidad con aquellas personas con las cuales se ha cometido una injusticia», ha lamentado. EFE
