PSPV, Compromís y Podemos lamentan la decisión del TC y dicen que se mantendrá la atención sanitaria universal
El Tribunal Constitucional ha anulado por invadir las competencias del ejecutivo central el decreto de la Generalitat valenciana que permitía el acceso universal a la sanidad, una norma que regulaba fundamentalmente la atención a inmigrantes en situación irregular.
El alto tribunal suspendió el decreto en 2015, cuando admitió el recurso del Gobierno, pero luego levantó esta suspensión, en 2016. Ahora, en su fallo definitivo, considera que la norma valenciana se extralimita en las competencias que se atribuye, invadiendo las del Estado central.
En concreto, establece que va más allá del «criterio de lo básico establecido en la norma estatal». La sentencia cuenta con un voto particular contrario al fallo emitido por los magistrados progresistas del Constitucional Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón y Maria Luisa Balaguer Callejón.
La consellera de Sanidad valenciana dice que seguirá la atención sanitaria universal
La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha asegurado que la decisión del Constitucional afecta al Decreto Ley de atención universal «pero no a las instrucciones» para garantizar ese acceso, de distinto rango normativo, por lo que éstas siguen vigentes y todas las personas recibirán atención sanitaria.
Por su parte, los tres partidos que sustentan al Consell de la Generalitat Valenciana -PSPV y Compromís que lo integran y Podemos, que lo apoya- han criticado duramente la decisión del Tribunal Constitucional (TC). Los socialistas han avanzado que existe una instrucción previa al decreto que permite que se mantenga esa atención universal y «se va a seguir tratando a estas personas».
