El ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró hoy que la crisis catalana «no saldrá gratis» desde el punto de vista económico, y obligará a situar «algo por debajo» del 2,6 % las previsiones de crecimiento de España para 2018.
En una conferencia de prensa en el marco de su viaje a Washington para asistir a las cumbres de otoño del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, De Guindos ha afirmado que la crisis política en Cataluña, que representa el 20% del PIB español, «no sale gratis desde el punto de vista de la evolución económica», ya que «este tipo de cuestiones tienen siempre impacto».
Luis de Guindos, aseguró hoy que la crisis catalana «no saldrá gratis» desde el punto de vista económico, y obligará a situar «algo por debajo» del 2,6 % las previsiones de crecimiento de España para 2018.
«Esto no sale gratis desde el punto de vista de la evolución económica. Este tipo de cuestiones tienen siempre impacto», afirmó De Guindos al comentar la incertidumbre política en Cataluña en una conferencia de prensa en el marco de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en la que participa.
El ministro agregó que España va a tener «una tasa de crecimiento inferior» al 2,6 % proyectado «como consecuencia de la exigencia de prudencia que nos exige la situación de incertidumbre que ha generado Cataluña».
Las previsiones de crecimiento del Gobierno de España son actualmente del 3,1 % para 2017 y 2,6 % para 2018, aunque serán revisadas en el nuevo proyecto presupuestario que se presente la próxima semana en Bruselas.
Recordó, en concreto, el peso específico de Cataluña en la economía española, ya que representa el 20 % del Producto Interior Bruto (PIB) español.
De Guindos advirtió que el «éxodo de empresas» (un total hasta ahora de 540) que han traslado su sede fiscal de Cataluña en los últimos días a otras partes de España, entre ellas los dos grandes bancos Caixabank y Sabadell, responde a las irresponsables decisiones adoptadas por el gobierno del presidente regional catalán, Carles Puigdemont.
«Han votado con los pies», subrayó el ministro, antes de agregar rápidamente que «esas empresas están deseando volver a poner sus sedes en Cataluña» si el gobierno catalán regresa al marco constitucional.
Sobre los efectos económicos, recalcó que «la inversión es la primera variable económica afectada» y advirtió de la paralización actual de decisiones de inversión ante las tensiones políticas.
«No creo que hay muchos proyectos de inversión que se estén poniendo en marcha en estos momentos en Cataluña», dijo.
No obstante, De Guindos se mostró convencido de que esta cuestión será «transitoria» y se «volverá a la normalidad».
«Estoy convencido de que si las políticas que han llevado a la salida de empresas se revierten, y el Gobierno va a hacer todo lo posible para que sea así, estas empresas volverán», afirmó ante los periodistas.
Durante su participación en la asamblea del Fondo, De Guindos sostuvo un encuentro con la directora gerente del organismo, Christine Lagarde, con quien comentó la «inquietud e incertidumbre» generada entre los inversores.
En su último informe de «Perspectivas Económicas Globales», el Fondo volvió a destacar la «robustez» de la recuperación económica en España, a la que situó como ejemplo de efectividad de las reformas estructurales adoptadas por las autoridades en los últimos año.
Aunque las previsiones de crecimiento para España son similares a las de Madrid, un 3,1 % para este año y un 2,5 % para el próximo, el FMI también reconoció que de prolongarse la incertidumbre «podría pesar en la confianza de los inversores».
Las declaraciones del ministro se producen después de que la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, pidiese hoy al presidente regional Puigdemont que vuelva al orden constitucional.
Las tensiones políticas han crecido en Cataluña tras el referéndum ilegal sobre la independencia del 1 de octubre y el posterior anuncio de Puigdemont en el Parlamento regional de que asumía el «mandato del pueblo» para que «Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república».
Sin embargo, seguidamente propuso «suspender los efectos de la declaración de independencia» para abrir la puerta al diálogo.
Por ahora, la situación se encuentra estancada a la espera del lunes (16 de octubre), cuando termina el plazo para que Puigdemont responda al requerimiento que el Gobierno le envió el miércoles pasado para que aclare si ha declarado la independencia de Cataluña.
Si el líder catalán no da una respuesta negativa a la declaración de independencia, se activará la segunda fase del artículo 155 de la Constitución, que otorga al Ejecutivo español la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las comunidades autónomas. EFE
