La Fiscalía Anticorrupción se ha dirigido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu instándole a que admita a trámite las querellas presentadas contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho y sus consejos de administración, por la quiebra de la entidad.
En total, se han presentado una treintena de querellas por la liquidación del banco, intervenido el pasado 7 junio y posteriormente vendido al Santander al precio de un euro.
La operación, decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la Junta Única de Resolución y ejecutada por el FROB, implicó la reducción a cero del capital social del banco, y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en Bolsa.
Según fuentes jurídicas, si bien es partidaria de investigar a las antiguas cúpulas del banco, Anticorrupción no ve necesario incluir en las diligencias a los organismos supervisores, el Banco de España y la Comisión Nacional del Merado de Valores (CNMV).
Entre las querellas presentadas se encuentra, por ejemplo, una de la Organización de Consumidores y Usuarios. La OCU considera que la información contable «auditada, pública y supervisada» con que contaron los accionistas del Popular a la hora de adquirir o mantener sus títulos «se ha revelado finalmente muy alejada de la realidad». Además, otros despachos de abogados como Durán y Durán, Cremades & Calvo- Sotelo (en representación de pequeños accionistas de Aemec) también presentaron acciones en este sentido.
En una entrevista publicada en El Independiente el pasado junio, Ron cargaba contra su sucesor en el cargo, Emilio Saracho, al que trasladaba toda la responsabilidad de lo ocurrido con la entidad. «Estoy desolado y perplejo de que se hayan hecho las cosas tan mal. Lo que ha ocurrido era impensable. El banco era solvente hasta mi último día al frente», dijo.
Preguntado por las acciones legales que algunos inversores preparaban contra él, aseguraba que iba a defenderse porque el banco pasó «todas las pruebas y auditorías del mundo».
Demandas ante el TJUE
Tras la resolución de Banco Popular en junio, se han abierto varias vías judiciales para pedir responsabilidades por la resolución del banco después de que los accionistas se quedaran a cero tras la intervención de la Junta Única de Resolución. En el plano europeo, hay más de medio centenar de demandas presentadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la JUR, y en algunos casos contra la propia Comisión Europea, se ha abierto la vía penal y también la vía civil.
Entre los demandantes hay accionistas minoritarios y grandes inversores o fondos que piden que se anule la resolución del Popular y, en algunas de estas demandas, que si no se puede suspender la decisión que se ofrezca una compensación a los accionistas que perdieron sus acciones.
