Vista del palacio de justicia de Navarra
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La Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra tramitó el pasado año 10.177 solicitudes de asistencia jurídica gratuita, un 6% más que en 2015, cuando fueron 9.614. Continúa así el incremento de la demanda de este servicio, que ya había crecido un 11% respecto a 2014, con 8.629 solicitudes.
El aumento del número de solicitudes de asistencia jurídica ha sido prácticamente una constante desde que Navarra asumió del Estado las competencias en materia de Justicia, en octubre de 1999. Cabe destacar que en el año 2000, primer ejercicio completo tras la mencionada transferencia de competencias, se tramitaron 1.697 solicitudes.
La mayor parte de las peticiones han estado tradicionalmente relacionadas con el ámbito penal, sobre todo diligencias previas. De hecho, el pasado año supusieron una de cada dos solicitudes. No obstante, la crisis económica ha conllevado un incremento de las solicitudes relacionadas con cuestiones familiares (divorcios, separaciones, etc.) y laborales (despidos, reclamaciones de cantidades, etc.). Una tendencia que en 2016 se ha visto interrumpida en el primer ámbito (jurisdicción civil-familia), con un descenso del 6,7% respecto a 2015, y atenuada en el segundo (jurisdicción social), con un incremento del 3%.
La asistencia jurídica gratuita, financiada el pasado año con 2,99 millones de euros, está destinada a personas con ingresos anuales de su unidad familiar inferiores al doble del IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), aunque en casos excepcionales, dependiendo de las circunstancias familiares, número de hijos, estado de salud, etc., también es posible acceder al servicio en el caso de rentas inferiores al quíntuple del IPREM.
Esta prestación la gestiona el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, cuya consejera, Mª José Beaumont, ha destacado el “importante esfuerzo presupuestario” que ha realizado el Gobierno para potenciarla. Incluye asesoramiento y orientación, previos a un proceso judicial; asistencia de abogado al detenido; defensa y representación en procedimiento judicial; asistencia pericial; y otras exenciones de pagos de tasas y derechos. Los servicios se llevan a cabo a través de los colegios de abogados de Pamplona, Tudela, Estella y Tafalla, y del Colegio de Procuradores de Navarra.
