La celebración de los 40 años de las primeras elecciones democráticas en España ha marcado un antes y un después.
Un antes porque una figura ha quedado definitivamente enterrada en el panorama político de este país. El Rey emérito Juan Carlos I no ha estado presente en el Congreso de los Diputados; estaban todos los demás, todos aquellos que fueron algo en los años de la transición democrática, desde los menos importantes a los más, pero él no, un claro símbolo de renovación de la Monarquía ante los nuevos retos.
Un después, porque el Rey Felipe VI ha antepuesto el cambio, la renovación y las reformas de un Estado unido y democrático a la arbitrariedad, la imposición y la inseguridad del nacionalismo excluyente que busca la independencia y el cambio de sistema político.
La Monarquía española vuelve por sus fueros. La Monarquía española quiere volver a ser el símbolo de la estabilidad gobernativa de este país frente a quienes rompen las reglas, el respeto a la ley «no es una amenaza para los ciudadanos sino una defensa de sus derechos» ha dicho el Rey.
Aviso a navegantes, por tanto, en las palabras del Rey. El gobierno debería tomar nota. Una figura como la real, que no tiene una excesiva importancia política en lo que se refiere a la acción de los poderes de este estado, ha marcado la senda por la que deberían caminar el gobierno y la clase política de este país. Frente a las agresiones que sufre este país, contundencia y aplicación de las leyes.
