La Audiencia Provincial de Mérida ha condenado a ocho años y tres meses de prisión a tres exdirectivos de la Institución Ferial de Extremadura (Feval) por delitos de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento público, por debajo de las penas que solicitaban el fiscal y las acusaciones.
Feval es un consorcio público formado por la Junta de Extremadura, las diputaciones de Cáceres y Badajoz, y el Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz), donde tiene su sede.
Este es el mayor caso de corrupción de Extremadura en el que están involucrados el exdirector general y exdiputado autonómico del PSOE, José Luis Viñuela; el exadministrador general Juan Cerrato; y el exsubodirector general José Villa, para quienes sus defensas, que hablaron de juicio de carácter político, habían pedido la libre absolución.
Los tres han sido condenados como autores de un delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento público, a la pena de cinco años y tres meses y un día de prisión para cada uno de ellos.
Además, han sido condenados por un delito de falsedad en documento público a tres años de cárcel para cada uno de ellos.
Viñuela y Cerrato, como autores de un delito continuado de prevaricación, han sido condenados a inhabilitación especial de diez años, mientras que Villa ha sido inhabilitado por siete años, también por prevaricación.
Como responsables civiles, los tres deberán indemnizar solidariamente a Feval con 201.644 euros, más sus intereses legales. Los tres han sido absueltos del delito de fraude y del de organización criminal.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, considera probado que entre los años 2005-2009 desapareció «injustificadamente» la cantidad 201.644,47 euros y que el desfase se ocultó con la «modificación o eliminación» de asientos contables. Además, fraccionaron irregularmente un contrato de 110.000 euros para la primera fase de la puesta en marcha de un centro de emprendimiento. Lo que les permitió usar un procedimiento negociado sin publicidad con el fin de adjudicárselo directamente a la empresa Everis.
Según la sentencia durante mucho tiempo los servicios de limpieza llegaron a superar un año los 174.000 euros y los de montaje de ferias no salieron a licitación, en contra de los principios elementales de la normativa de la contratación pública administrativa superando los 465.943 euros en 2007, una contratación que, además, fue verbal.
