Simpatizantes del PP celebran ante la sede del partido la victoria en las elecciones municipales y autonómicas de 2011. EFE
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga la trama Púnica, considera que el PP de Madrid tuvo contabilidad «B» de gastos electorales en tres campañas electorales, dos de ellas municipales y autonómicas (2007 y 2011) y otra de ellas de elecciones generales (2008).
El juez sostiene que la Guardia Civil ha podido acreditar que «importantes gastos electorales» de las campañas de 2007 y 2008 e «indiciariamente» de las de 2011 se pagaron mediante «subvenciones públicas» de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación Fundescam.
Velasco, en la documentación que obra en el sumario y a la que ha tenido acceso Efe, señala como responsables al exconsejero de Presidencia y exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados; al extesorero del partido Beltrán Gutiérrez y al exconsejero de Transportes Ignacio Echevarría, todos ellos patronos de Fundescam.
Delito electoral continuado
El juez señala además que existen evidencias de que determinados empresarios, entre los que cita a Arturo Fernández, ingresaron en 2007 «importantes cantidades de dinero» en la cuenta de la Fundación para gastos electorales que no fueron declarados como tales y encuentra «sólidos indicios» de que, a cambio, fueron adjudicatarios de contratos relacionados con la Asamblea de Madrid «en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes».
En el informe de la Guardia Civil, se apunta a que los miembros del patronato de Fundescam, entre los que también estaba la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el entonces presidente madrileño, Ignacio González, pudieron haber cometido un delito electoral continuado en concurso junto a los delitos de malversación, falsedad documental, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.
Estos hechos, según recoge este informe, han dado lugar a la elaboración de un informe policial complementario. Asimismo, añade que se «han mostrado evidencias de que se realizaron pagos de actos electorales desde la cuenta de funcionamiento del partido, que recibió sustanciales fondos procedentes del Grupo Parlamentario».
Sería destinatario de «buena parte de los fondos» el empresario Óscar Sánchez Moyano, vinculado a la Escuela Europea de Dirección de Empresas (EUDE), entre otras, «quien habría suscrito un contrato de servicios con el partido, con el objeto de encubrir la condición de intermediario en la organización y producción de los gastos electorales. NAVARRA INFORMACIÓN/EFE
