Si el gobierno español pensaba que el nacionalismo catalán iba a claudicar, solamente por la fuerza de los tribunales -incluido el Tribunal Constitucional-, acabará de darse cuenta que el propio marco legal incluso, le va a permitir continuar con el proceso de separación de España.
Ayer, y gracias a las imperfecciones del marco legal de este país, el parlamento catalán conseguía aprobar de forma legal un proceso «exprés» para continuar lo que se llama, eufemísticamente, el proceso de desconexión con el Estado español, es decir, la independencia secesionista de Cataluña.
La respuesta dada por el Gobierno de Rajoy y de la mano de su vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, ha sido hablar de la llamada «realidad paralela» en la que -dice- vive el nacionalismo. Y nada más.
El gobierno de este país lleva ya mucho tiempo confiando en que la solución para este conflicto viene dada solamente por la vía judicial. Parece creer que por llevar al señor Mas o al señor Homs o la señora Forcadell a los tribunales el proceso va a terminar. No parece darse cuenta de una realidad, ya comentada varias veces en este foro, cual es que aquellos que no quieren saber nada de un «Estado», no van a detenerse por ser juzgados por las leyes del Estado del que abominan. Y si, encima, pueden servirse de las leyes que les persiguen para su propio beneficio, mejor que mejor.
La Constitución Española establece, perfectamente, cuál es la solución para aquellos que de forma reiterada manifiestan su deseo unilateral de separarse de este país. El Gobierno lo sabe, pero no quiere aplicar el mandato constitucional, ni de gobierno de España. Cuanto más crea el nacionalismo que puede conseguir sus fines, más envalentonado está. Es hora ya de terminar con un proceso que está llegando al hartazgo, en todos los sentidos.
