La Unión Europea acaba de hacer un gran favor a los ciudadanos españoles. A aquellos que, cuando pidieron un crédito hipotecario, los bancos y entidades de ahorro les impusieron cláusulas draconianas, entre las que destacaba, la llamada cláusula suelo por la que miles de peticionarios de créditos no podían beneficiarse de la bajada de los tipos de interés y así pagar una cuota mayor a las entidades financieras haciéndoles obtener un mayor porcentaje de beneficios.
Entre 3.000 y 8.000 millones de euros van a tener que devolverse a los usuarios, por haber sido cobrados indebidamente. Dicha cláusula, tal y como asevera la Unión Europea, nunca debería haber existido. Su único objetivo era beneficiar al banco o entidad de ahorro, nunca al ciudadano.
Las reacciones no se han hecho esperar: bajada en el valor de las acciones de los bancos, un aluvión de reclamaciones y una cuenta de pérdidas en los bancos complicada de soslayar.
El verdadero problema no es cuánto o cómo o dónde van a tener que devolver el dinero injustamente recaudado, sino el comprobar cómo en el mundo en el que se vive hoy en día, priman más los intereses económicos que el bienestar de la población y que los principios del liberalismo económico malentendido se imponen ante cualquier cuestionamiento moral.
Los bancos en su día recibieron más de 70.000 millones de la Unión Europea para ser “rescatados” de sus dificultades económicas. Es hora de que una pequeña parte de esos millones reviertan en sus clientes. Seguramente los consejos de administración de dichos banco buscarán la salida a esta situación. Es de esperar que esto no revierta, negativamente a los ciudadanos, en concepto de comisiones, de avales y demás operaciones.
