Va a hacer cerca de 10 años de la llamada «burbuja inmobiliaria», cuando los españoles compraban sin parar pisos, adosados, viviendas de todo tipo a precios cada vez más altos. Todo ello, gracias a los bancos y cajas de ahorro que daban prestamos hipotecarios sin apenas ningún cálculo de riesgo.
La crisis económica llegó entonces con toda su crudeza y miles de personas en este país se quedaron sin empleo y con ello comenzaron a no pagar su cuota hipotecaria. A los seis meses, las entidades bancarias, ejecutaban las hipotecas y tras varias decisiones judiciales, expulsaban, «desahuciaban» de sus viviendas a sus moradores. No importaba si estos habían pagado puntualmente cuotas y claúsulas suelo, el banco se quedaba con sus viviendas.
Hasta hace no mucho tiempo este era un problema que no trascendía a la opinión pública, sin embargo, la desfachatez y sinvergonzonería con la que han actuado los directivos de los bancos y cajas de ahorro cobrando sumas millonarias por sus jubilaciones, tarjetas «black» o dietas por asistir a reuniones inexistentes, dobles o de media hora como en el caso de aquí en Navarra, con la CAN (Caja de Ahorros de Navarra), ha hecho que la gente de a pie, haya puesto «el grito en el cielo» en desahucios donde el banco demuestra falta de sensibilidad, casos de familias sin trabajo, ancianos sin recursos, personas enfermas y demás.
Los gobiernos, más «por lavarse la cara» que por una auténtica intención, ante su falta de defensa de estos casos, reaccionan e intentan que estos casos se resuelvan de la mejor manera posible.
No debería haberse llegado a esta situación. En su momento, los gobiernos deberían haber actuado protegiendo a sus ciudadanos, ante un capitalismo, ante un liberalismo feroz. No vale todo.
El mayor beneficio, en el menor tiempo posible, no es válido siempre.
