El Parlamento Vasco ha celebrado hoy un debate de política general, en vísperas de las elecciones catalanas, en el que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha anunciado que buscará un nuevo pacto con el Estado para que Euskadi sea reconocida como nación, al tiempo que se ha mostrado dispuesto a «asumir riesgos» para el fin de ETA.
En el pleno con el que ha comenzado el curso político y el último año de la legislatura, Urkullu ha recalcado que su Gobierno no aboga por una vía rupturista ni por seguir el proceso de Cataluña, sino por «apuntalar» el autogobierno vasco y «ampliar los poderes ya reconocidos a Euskadi» a través de un nuevo pacto con el Estado desde «el mutuo reconocimiento y la bilateralidad efectiva».
Ha utilizado un nuevo término, el de Euskadi como «nación foral», cuyos derechos históricos, si son respetados, pueden a su juicio «dar de sí» todo lo lejos que se quiera, siempre que se alcance un pacto con el Gobierno y esas decisiones sean «refrendadas por la ciudadanía» y luego «respetadas».
No obstante, el lehendakari ha dejado entrever que no emprenderá iniciativa alguna con el actual Gobierno del PP y esperará a que se forme un nuevo Ejecutivo tras las elecciones de diciembre.
A ese nuevo Gobierno le pedirá también cambios en la política penitenciaria respecto a los presos de ETA para favorecer la reinserción.
En materia económica, ha asegurado que si se cumplen las previsiones de crecimiento del 2,5 % este año y el que viene, el paro en Euskadi bajará en 2016 del 14,8 % actual a menos del 13 %.
EH Bildu, principal grupo de la oposición, ha advertido al PNV sin embargo de que no vale con que Euskadi apoye el proceso soberanista catalán sino que tiene ahora una tarea «histórica»: la de poner en marcha ya mismo el proceso constituyente vasco.
El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, ha recalcado que el fin de ETA es «irreversible» e incluso ha adquirido un compromiso: «Si alguien pretende reabrir el ciclo de las violencias nos va a tener enfrente», ha garantizado.
Por eso, ha denunciado la «irracionalidad» del Gobierno central con las recientes detenciones de la cúpula de ETA en Francia, la misma que tomó la decisión de dejar las armas hace casi cuatro años.
Los socialistas, por el contrario, han tendido la mano a Urkullu para actualizar el Estatuto de Gernika «desde la legalidad» porque, como ha dicho su líder, Idoia Mendia, Euskadi ya «escarmentó» de «planes rupturistas» con el entonces lehendakari del PNV Juan José Ibarretxe y sabe que «no se puede hacer política como quien juega al mus» porque los órdagos los acaban «pagando los ciudadanos».
Sobre paz y convivencia, Mendia ha dicho que la memoria no se construye «diluyendo a ETA entre otras bandas terroristas» ni «intentando no incomodar a la izquierda abertzale e incomodando a las víctimas», sino diciendo claro que «matar estuvo mal».
La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, ha abogado por su parte por modernizar «la gestión del autogobierno y del Estatuto» pero considera que el País Vasco tiene ya «todo por lo que otros aspiran», en clara alusión a los partidos soberanistas catalanes.
«El encaje de Euskadi en España está claro. Tenemos reconocida nuestra singularidad, nuestro autogobierno y nuestra capacidad fiscal única en Europa», ha zanjado.
Para avanzar en pacificación, Quiroga ha propuesto al lehendakari crear una nueva ponencia parlamentaria denominada «Libertad y Convivencia», que sustituya a la de Paz, estancada por la negativa de su partido, así como del PSE y UPyD a participar en ella debido a que la izquierda abertzale no ha condenado la violencia.
El único parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha acusado a Urkullu de esperar «agazapado» a que se celebren las elecciones catalanas y generales para «aprovecharse de la debilidad del Estado» y tratar de que el PNV «pueda sacar ventaja política», y «dar nuevos pasos hacia la independencia».
El partido que sustenta al Gobierno Vasco, el PNV, ha respondido a la izquierda abertzale que la velocidad con la que Cataluña afronta la demanda del derecho de autodeterminación es posible gracias a que todos los partidos nacionalistas catalanes han usado siempre «vías democráticas y pacíficas» y le ha reprochado no haber dado aún pasos efectivos para el desarme de ETA ni para reconocer el daño causado.
Su portavoz, Joseba Egibar, ha advertido también al Estado de que un «final policial» de la banda terrorista no garantiza su desaparición total y para lograrlo le ha recomendado «menos triunfalismo, menos unilateralidad y más prudencia».
