Los empresarios y la banca lo saben perfectamente y, por ello, se oponen, parece ser, al proceso independentista. La pregunta que subyace, a tenor de sus declaraciones en las que hablan de “la inseguridad jurídica” en la que se encontrarían, es qué opinarían si dicha inseguridad no existiera.
Se espera de cualquier institución de un país medianamente desarrollado, fidelidad a las instituciones de su Estado y defensa ante los ataques este sufre. Cuando solo se mira por el beneficio económico, sea cual sea, el escenario en el que se produce, valores como la fidelidad y la defensa de las instituciones, difíciles son de cumplir.
Se pide , también, dialogo con aquellos que rompen la unidad de España, como si con esta petición se pretendiera contentar a quienes fomentan dicho proceso, dando, por tanto, “una de cal y otra de arena”.
Se debería de esperar una mayor rotundidad en las declaraciones de quienes ostentan responsabilidades, en este caso, económicas. Los ciudadanos se merecen unos gestores menos pragmáticos y más sensibles a la realidad de un país, que se debate entre su unidad y su desmembración como entidad nacional.
