«Dada la gravedad de los hechos», su prisión podría prorrogarse dos años más
Sergio Morate, imputado por el asesinato de Marina Okarynska y Laura del Hoyo, será juzgado por un jurado popular, según ha confirmado el fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez Jiménez. Además, ha señalado que, «a la vista de la gravedad de los hechos», su prisión provisional podría prorrogarse dos años más, aunque el escenario que contempla es que «mucho antes la causa esté resuelta y pueda celebrarse el juicio lo antes posible».
En declaraciones a los medios previas a su participación en el congreso ‘Justicia y turismo: España, un país seguro para todos’, cuya presencia no estaba prevista, Martínez Jiménez ha avanzado que las investigaciones «van por buen camino» y que el próximo paso previsto es una «audiencia a las partes para la concreción de la imputación».
Una vez celebrada la misma, ha agregado, «las partes dirán, a la vista del estado de la investigación, cuáles son las imputaciones concretas y las personas concretamente imputadas por los hechos».
En este sentido, el fiscal superior de Castilla-La Mancha ha subrayado que el hecho de que Morate se haya acogido a su derecho a no declarar «ni le favorece ni le perjudica, porque el ejercicio de un derecho no puede perjudicar a una persona», pero, a su juicio, «lo que sí está claro es que, si hubiera una coartada o una circunstancia relevante que él supiera y que evidenciara su inocencia, lo normal es que la hubiera expresado». Si no lo ha hecho, «hay que pensar que es que no la tiene», ha reflexionado.
En todo caso, ha recordado, no es el inculpado quien tiene que probar su inocencia, sino que, en este caso, es el Ministerio Fiscal, con la colaboración policial, «el que tiene que hacer acopio de las pruebas que permitan destruir la presunción de inocencia».
Preguntado por una posible fecha para la realización de la reconstrucción de los hechos, Martínez Jiménez ha contestado que no puede decir «nada» aseverando que no dispone de «datos concretos que permitan aventurar o marcar una fecha probable de alzamiento del secreto, porque el juez puede prorrogar esa duración cuando lo considere necesario».
El fiscal superior de Castilla-La Mancha ha explicado, no obstante, que, en todos los procedimientos que presentan una «cierta complejidad» y, este, «evidentemente, la tiene», la investigación que realiza el juez de instrucción está amparada por el secreto sumarial, que, en términos generales, tiene una duración de un mes.
El juez instructor, ha remarcado, «tiene que levantar el secreto, como mínimo, diez días antes de la terminación de las investigaciones que esté llevando a cabo».
