Sir Liam Donaldson, representante de los pacientes de la O.M.S (Organización Mundial de la Salud), organismo de Naciones Unidas, afirma que actualmente es mucho más arriesgado y peligroso acudir a un hospital que volar en un avión con copiloto estresado, dado que cada año mueren millones de personas por errores médicos de diagnóstico o infecciones nosocomiales.
La inmensa mayoría de los médicos y del personal sanitario no han visto nunca su propia sangre al microscopio y ni siquiera saben preparar un frotis de depósito para hacer su propio examen bio-hematológico, como les deberían enseñar en sus primeras clases de Biología.
A los efectos legales, quienes aportan su concurso profesional a sus congéneres no están obligados a saber más de lo que saben, salvo que lo deban saber por ser elemental o de dominio publico, pero, incurren en denegación de asistencia cuando imponen el límite de sus métodos, conocimientos y atribuciones, como barrera que impida la consideración de otros medios o solicitar y recibir cooperación de compañeros.
El Magistrado Ramón Maciá Gómez, en su libro “El error de diagnóstico y el error de tratamiento médico en el derecho español”, deja claro que los jueces tienen las manos atadas por una serie de leyes que se han dictado en contra del Estado y de los ciudadanos, tergiversando el objetivo de la asistencia sanitaria que quieren dar y recibir y para la que se dan los consentimientos tácitos y expresos que se les aplican como si fueran patentes de corso, cargando sobre ellos los costes de los daños, perjuicios y gastos de las indemnizaciones que se conceden, con toda justicia, a las víctimas de flagrantes irregularidades.
Cuando las indemnizaciones por daños, perjuicios y gastos causados por prácticas asistenciales de sistema, se consiguen por escasas minorías de damnificados que las sufren, reclaman, demuestran y se les reconocen por sentencias firmes, les son abonadas generalmente por el Estado, de modo que repercuten sobre el conjunto de los ciudadanos y sobre el propio indemnizado en la parte que le toca de sus impuestos y tasas, mientras los verdaderos responsables, los financieros que se lucran a su costa se ríen de todos.
Se ha llegado a hacer creer a todo el mundo que la Asistencia Pública sigue siendo una función humanitaria que se realiza por funcionarios que cobran del Estado y están a su servicio en beneficio general, pero, no es exactamente así. Realmente se realiza por funcionarios que cobran del Estado pero están al servicio y provecho de negocios sanitarios e industriales, fabricantes de aparatos y medicamentos de explotación de masas, infiltrados en las estructuras nacionales, que promueven corruptelas de auto-protección jurídica operativa que tapan en la calle, con leyes oportunistas, las disposiciones superiores.
Los abogados tenemos que ir comprendiendo que lo principal no es obtener indemnizaciones para algunas de las muchas víctimas de daños, perjuicios y gastos asistenciales, quedando cada caso concretado en su ámbito personal, sino que tales indemnizaciones recaigan sobre quienes se benefician del desbarajuste científico que se nos ha echado encima a toda la población, uniendo los intereses comunes de millones de particulares y el Estado por la vía de su Ministerio Fiscal, ascendiendo desde sus tentáculos de ventas inferiores que se irán escudando más y más arriba hasta descubrir sus puertas giratorias.
Juan Prada Bécares, Abogado, Promoción 9 de Abril 1952 para Defensa del Derecho a la Vida y la Integridad Física y Moral de las Personas.
OPINIÓN: Islam sobrante. Las malas enseñanzas del Islam son contrarias a la educación humanista
