El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la proposición de ley presentada por el PSN por la que se crea el Consejo Navarro de Diálogo Social, que contempla subvenciones nominativas para la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y los sindicatos UGT y CC OO.
La ley foral ha sido aprobada con los votos a favor de UPN y PSN y en contra de Bildu, Aralar-NaBai, PP, I-E y Geroa Bai.
La proposición, a la que se han presentado 48 enmiendas de los grupos, ha sido defendida en el pleno por el parlamentario socialista Juan José Lizarbe, quien ha asegurado que la experiencia de diálogo social en Navarra ha sido «extremadamente fructífera». Esta ley, ha dicho, es «un instrumento necesario y conveniente», que «va a redundar en mantener y aumentar la capacidad de diálogo social» y que éste «pueda desarrollar todas sus potencialidades».
Maiorga Ramírez, de Bildu, en la defensa de las enmiendas de su grupo, se ha mostrado «radicalmente en contra» de lo que ha calificado como «una auténtica desvergüenza parlamentaria», consistente en aprobar esta ley «por lectura única y urgente, de tapadillo». Con esta ley, ha afirmado, «se trata de hacer un chiringuito» para mantener la «paz sindical» en Navarra, en un momento de «permanente situación de ataque a los derechos de los trabajadores».
También ha rechazado este nuevo Consejo el parlamentario de Aralar-NaBai Txentxo Jiménez, quien ha señalado que CEN, UGT y CC OO gestionan una cantidad de dinero publico equivalente al gasto anual del Parlamento de Navarra, pero sin «transparencia y control». Jiménez ha declarado que ésta es «una ley para sostener a la casta, excluyente, sectaria, antidemocrática, sometida» y ha resaltado que «este método no es muy diferente de las famosas tarjetas black», de cobrar dietas «por triplicado» o de percibirlas «por acudir a conferencias».
Por el PP, Ana Beltrán ha considerado que esta ley, aprobada «con nocturnidad y alevosía», debe «sonrojar» al PSN, a UPN y al Gobierno de Navarra, porque supone «quitar dinero» a todos los navarros «para dárselo a otros». La ley, ha agregado, es «una gran injusticia», porque significa dar dinero «a quienes no lo necesitan», que son la patronal y los sindicatos, unas entidades que «ya tienen mucho y cobran mucho de los presupuestos generales de Navarra».
El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, tras mostrar su apoyo a los sindicatos de clase y el respeto a su autonomía en la toma de decisiones, ha rechazado las acusaciones contra UGT y CC OO y que «se entre en el terreno de la calumnia, el insulto o incluso de la imputación de delitos» hacia estas organizaciones. Sin embargo, ha dicho, «no acabamos de entender qué aporta o para qué sirve esta iniciativa» parlamentaria, que «no es el lugar» en el que deben figurar las subvenciones nominativas, sino que las mismas deben constar en los presupuestos.
El parlamentario de Geroa Bai Manu Aierdi ha afirmado que «es labor de cualquier Gobierno tener buenas relaciones con los agentes económicos y sociales», pero ha rechazado que se cree un órgano nuevo «que parece ejecutivo», que se cite expresamente solo a los agentes más representativos, que sus competencias sean «amplísimas» y que las decisiones se deban adoptar siempre por unanimidad. En cuanto a la participación institucional en el Consejo, ha señalado que es un «desaguisado» y al parecer pretende «solucionar un eventual problema de financiación que puedan tener UGT, CC OO y la CEN», debido al incremento de sus plantillas en los últimos años.
La ley ha sido respaldada por Coro Gaínza, de UPN, quien ha recordado que este jueves se estaba tramitando la creación de un órgano, pero «en ningún momento se está aprobando una partida económica».
