Miguel Cornejo
Este fin de semana se ha anunciado un fallo del Tribunal Constitucional que tiene, o debería tener. eco nacional, pero afecta muy directamente a Navarra. En concreto, el TC ha desmontado las partes esenciales de la llamada “Ley foral de reconocimiento a las víctimas por actos de motivación política provocados por personas de extrema derecha o funcionarios públicos”.
Se trata de una ley con la que Geroa, Bildu, Podemos y PSN pretendían crear un comité para analizar todos los casos de supuesta brutalidad policial y violencia de ultraderecha, determinando dónde realmente la hubo, con el objetivo de reconocer y resarcir a las víctimas. Y lo iban a hacer desde los años 50 hasta anteayer, cubriendo casi toda la época de actividad de ETA. Suena bien hasta que escuchas con atención.
El primer problema es el que centra el fallo del Constitucional: con esa ley, el Parlamente está usurpando funciones judiciales. En este país, sólo los jueces pueden decir si algo es delito (si ha ocurrido violencia policial, o de otro tipo) o no. Es el artículo 117 de la Constitución.
Hay muchas buenas razones por las que el poder judicial está separado del resto, entre otras evitar que una mayoría (parlamentaria) pueda saltarse impunemente los derechos de una minoría. Hay más. Pero lo esencial es que la ley propuesta por PNV, PSN y sus socios pretendía crear un tribunal paralelo, sujeto directamente al poder legislativo. Un “tribunal popular”.
Se ha dicho que estas leyes no pretenden señalar culpables. Eso es tomarnos por ingenuos. Al certificar “oficialmente” la existencia de malos tratos en un caso concreto, no sólo se certifica una “víctima” (con nuevos derechos) sino un culpable, individual y colectivo. Esta ley habría permitido a Bildu y sus socios señalar “oficialmente” como culpables a las fuerzas de seguridad de los delitos que les hubiera parecido, dando una base legal a la tesis abertzale del conflicto entre dos bandos igual de violentos.
Y ese es el segundo gran problema: la intencionalidad. No se trata de un esfuerzo de investigación académico sino de un instrumento para encontrar personas a las que compensar, impulsado por partidos que defienden los intereses de esas personas, con un mecanismo que se salta la supervisión judicial. Pretenden crear su propia justicia para darse la razón a sí mismos e indemnizarse a sus allegados.
Catálogo de torturas
Esta ley no hace sino desarrollar en Navarra lo que el PNV ya viene impulsando en el País Vasco. En 2017 presentó un informe, de carácter “oficial” resultado del “Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014”. En ese informe, el Gobierno Vasco “reconoce oficialmente” más de 4000 casos de supuesta tortura y “verifica” más de 2000 señalando a los distintos cuerpos de seguridad como culpables. El mecanismo es un especialista forense que se permite opinar sobre casos no investigados, de hace cuarenta años, sin los criterios mínimos de una investigación judicial. Pero, y ahí está la clave, da una capa de legitimidad a los radicales y su tesis, además de una causa para solicitar beneficios de los contribuyentes vascos.
Hace aún menos, a través de la fundación Euskal Memoria y con dinero público navarro, ambas ramas del PNV respaldaron la elaboración de un “mapa del sufrimiento” análogo, que cubrió tierras navarras, y que llegó a catalogar como “víctimas” a los autores de un asesinato terrorista sin incluir en la lista a la propia víctima (el alcalde Echarri Aranaz, Jesús Ulayar) y su familia.
Estos informes importan. Los firman instituciones oficiales. Sirven para otorgar derechos reales, además de reconocimiento, a personas implicadas en el entorno de ETA y su tejido de apoyo.
Prevaricar o no prevaricar
Este fallo del Tribunal Constitucional crea un nuevo problema para el presidente Sánchez. Porque, como parte del precio del apoyo del PNV en el Congreso, se ha comprometido a retirar el recurso presentado por la Abogacía del Estado que bloquea desde 2016 una ley análoga del Parlamento vasco, la “Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política entre 1978 y 1999” conocida como “La ley de la tortura”. Y las modificaciones que ha acordado con Urkullu para retirar el recurso (mejor “presunción de inocencia”, protección de datos, no señalar culpables…) no son los puntos que señala el Tribunal. Los comités políticos no tienen derecho a juzgar si se ha cometido un delito, y punto.
Sabiendo que la ley navarra es inconstitucional, ¿será capaz Sánchez de seguir adelante e ignorar la ley vasca, que incurre en los mismos problemas de base? ¿Qué responsabilidades legales puede tener, para él mismo y sus ministros, omitir su obligación conocida y evidente?
Imagina
Imagina que una mayoría diferente dominara el Parlamento Foral. Imagina que decidiera montar un comité para definir como víctima a cualquiera intimidado o amenazado por razones políticas. Imagina que empezara a analizar situaciones. Cartas de ETA. Emigrados forzosos. Insultos en la calle. Carteles puestos en fiestas. Reuniones de Ospa Eguna. Cada dictamen tendría dos caras: la de la persona a la que se reconoce compensación extrajudicial por daños muy reales, y la persona o grupo a la que se está llamando criminal, oficialmente.
Porque esas denominaciones son oficiales, Permiten actuar, tanto favoreciendo como perjudicando a quien la mayoría de turno quiera.
Debilidad y oportunismo
En Navarra, el PSN ha actuado como muleta del nacionalismo dando cobertura a una ley pensada para sustentar el relato abertzale (Podemos también, pero no sorprende). Seguramente pensaron en la “memoria histórica” o en hacer méritos para gobernar con ellos en 2019, quién sabe. Afortunadamente la ley no sigue adelante.
Pero en el País Vasco, donde el PSE se opuso al Informe de torturas pero apoya la Ley “de abusos policiales”, dependemos de que Sánchez y el PSOE pongan el Estado de Derecho por encima de sus intereses a corto plazo. Esperemos que se den cuenta de que el PNV no vale tanto (no les puede dar todos los votos que necesitan) porque esperar que actúen por civismo parece demasiado.
Una situación en la que la debilidad de un gobierno es tan grande que puede forzar la aprobación de una ley manifiestamente inconstitucional debería hacer pensar, a todos, en la necesidad de nuevas elecciones.
Miguel Cornejo (@miguelcornejoSE), es economista y responsable de asociaciones y entidades en Ciudadanos Navarra.
