El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha anunciado este jueves una ampliación de la querella contra el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, por haber organizado el proceso participativo del 9N, y ahora le acusan de un delito de «proposición a la sedición», es decir, de incitar a los catalanes a la ruptura de Cataluña con el resto de España.
En declaraciones a los periodistas desde las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) minutos antes de que acudiera Mas a declarar, ha argumentado que el presidente catalán ha hecho un «llamamiento a la sociedad civil para ir en contra del orden constitucional y eso es gravísimo».
Para el colectivo de funcionarios públicos, un claro ejemplo de este llamamiento a la sedición es que el Govern haya avalado las concentraciones de protesta ante el TSJC del pasado martes y de este jueves para apoyar las declaraciones como imputados de Mas, la consellera Rigau y la exvicepresidenta Joana Ortega.
«Esto no es bueno ni para España ni para Cataluña. Están presionando al poder judicial», ha sentenciado Bernad. La nueva denuncia presentada por el sindicato está en manos del magistrado del TSJC Enric Anglada, que ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre su eventual admisión a trámite.
Pedirán la ilegalización de la CUP
Bernad también ha anunciado que su entidad ha iniciado un procedimiento para pedir la ilegalización de la CUP, a quien ha acusado de ser una organización criminal.
«Se dedica a delinquir y tiene que estar fuera del ordenamiento jurídico», ha sentenciado Bernad, que ha precisado que ha iniciado este procedimiento por dos vías: han formulado la petición al Ministerio de Interior y después en un Juzgado de Instrucción.
El secretario general del sindicato Manos Limpias y el abogado que representa la acusación popular en la querella contra Mas, Pedro Muñoz, han sido abucheados por los ciudadanos concentrados ante el Palacio de Justicia de Barcelona, con gritos de «Manos limpias, fascistas españoles».
Bernad ha denunciado que a raíz del proceso independentista Cataluña está viviendo una «fractura social» que está abocando a la sociedad catalana a una «situación de golpe de Estado».
«Esto no es un proceso político sino penal, decir que esto es un proceso político me recuerda al período etarra», ha mantenido.
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