El sector del taxi ha declarado la guerra a las aplicaciones móviles (‘app’) que promuevan el transporte de pasajeros de forma ilegal y con interés lucrativo. La implantación de este servicio a través de la ‘app’ Uber Pop en Barcelona ha sido el detonante que ha provocado que este miércoles se lleve a cabo una huelga de 24 horas en Madrid y Barcelona.
«Nos jugamos el futuro. Eso vale más que la recaudación del día. Donde ha entrado esta aplicación, se ha cargado al sector. Por ejemplo en Seattle, donde nadie quiere ya una licencia de taxi», manifestaba ayer Julio Sanz, el presidente de Fedetaxi.
Lo que empezó como un conflicto gremial entre el taxi y las empresas que ponen en contacto a conductores particulares y usuarios a través de Internet ganó este martes varios enteros de una tacada con la irrupción de la Comisión Europea, el Ministerio de Fomento y la Generalitat catalana. Todo, en la víspera de una jornada de movilización de los taxistas que, en Madrid, pararán durante 24 horas en protesta por la llegada de aplicaciones de este tipo como Uber. Además, el sector realizará protestas por intrusismo en Barcelona y otras ciudades europeas en protesta por lo que ven como un claro caso de intrusismo.
Desde Bruselas, la responsable europea de Agenda Digital, Neelie Kroes, advirtió de que Uber, que pone en contacto a los particulares para organizar traslados de pago en automóvil no es el «enemigo» de los profesionales. La comisaria, que ya arremetió contra la prohibición del servicio en Bruselas hace casi dos meses, también rechazó medidas extremas como la adoptada por la Generalitat catalana, que exigirá el cese inmediato de la aplicación en Barcelona, la ciudad que acogió su estreno en España, y la amenaza de multas lanzada por Fomento. De hecho, el Ejecutivo catalán advirtió de que castigará cada infracción de la normativa de transporte de viajeros con multas de hasta 6.000 euros y el precinto del vehículo.
«Las huelgas no solucionan nada», recalcó Kroes en referencia a la sucesión de los paros en Madrid, la concentración prevista también para hoy en Barcelona o los actos de protesta anunciados en otras ciudades europeas como Londres, Milán o Hamburgo. En su nota, la comisaria defendió la «innovación» que representan las empresas de transporte entre particulares. «Es el momento de que taxistas, reguladores y responsables de Uber se sienten a dialogar; nadie dice que sus conductores no deban pagar impuestos y respetar las normas de protección a los consumidores, pero prohibir Uber no les da la oportunidad de hacer bien las cosas», subrayó la comisaria.
Un portavoz de su departamento fue más allá al señalar que, aunque a la Unión Europea (UE) «no le compete» entrar en el conflicto, el Ejecutivo comunitario sí tiene voz y esta es favorable a una economía «abierta a la innovación».
Estas mismas fuentes pusieron en duda, además, que el problema «se vaya a resolver multando a gente que, en muchos casos, son turistas», en referencia a la amenaza del Ministerio de Fomento. El departamento que dirige Ana Pastor, presionado en las últimas semanas desde el colectivo del taxi por su falta de respuesta, irrumpió en el conflicto recordando que la ley de transportes, originaria de 1987, ya prevé sanciones para quien traslade a viajeros o mercancías sin la pertinente licencia. Las multas oscilan entre los 4.001 y los 18.000 euros para las empresas o personas responsables. En el caso de plataformas como Uber que ofertan estos servicios, las cantidades van de los 801 a los 1.000 euros.
Pero, junto a ello, Fomento reseñó que también los usuarios que contraten estos servicios cometen una infracción muy grave penada con entre 401 a 600 euros, lo que sorprendió a muchos y multiplicó las críticas desde las redes sociales.
Ante la incertidumbre sobre quienes están afectados por la norma, reiteraron que no atañe a los particulares de las plataformas para compartir vehículo. Una de ellas y quizás la más popular en España, Blablacar, emitió un comunicado para garantizar que sus usuarios no violan la legalidad. El comunicado señala que sus clientes «sólo comparten gastos de viaje» y que, ni sus usuarios ni la propia plataforma «se dedican al transporte de viajeros por cuenta ajena».
En la misma línea de defensa de iniciativas de liberalización del mercado, la Comisión ya mostró hace dos semanas su rechazo frontal a la posible prohibición de los servicios de taxi alternativo como Uber o Blablacar. Poco antes, a mediados de abril, Kroes también cargó contra la decisión de la justicia belga de prohibir este tipo de aplicaciones en Bruselas. «La prohibición no protege ni ayuda a los pasajeros, solo protege al cartel del taxi», publicó la comisaria en su blog oficial. La vehemencia de sus declaraciones no impidió que las autoridades siguieran adelante en su decisión de imponer multas de hasta 10.000 euros por cada intento de recogida de clientes.
