Toda la oposición votará en contra de la iniciativa del PP que Convergencia tacha de «ley antipersona contra el presidente Mas». Los populares insisten en que se trata de garantizar que las sentencias del Constitucional se cumplen frente a una declaración unilateral de independencia
El pleno del Congreso debatirá esta tarde la proposición de ley, presentada por el PP, que pretende reformar la ley orgánica de funcionamiento del Tribunal Constitucional para dotarle de nuevos mecanismos sancionadores que permitan garantizar el cumplimiento de sus sentencias.
Una reforma legal, tramitada por la vía urgente y el procedimiento de lectura única, con la que el PP quiere hacer frente al desafío independentista en Cataluña, al introducir medidas como la posibilidad de suspender en sus funciones a las autoridades y funcionarios que incumplan las resoluciones del TC, sanciones entre 3.000 y 30.000 euros, o la facultad de pedir al Gobierno de la Nación -incluso en funciones- que adopte las medidas necesarias para garantizar la ejecución de las sentencias.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, será el encargado de defender la iniciativa bajo el argumento de que se trata de «reforzar el Estado de Derecho y garantizar que las sentencias del Constitucional se cumplen y ejecutan de una manera eficaz. Esto es una expresión de la voluntad clara de nuestra Constitución de que los derechos y las libertades de los españoles sean respetados, y entre ellos, el básico que refleja la unidad de una nación y la igualdad ante la ley de cualquier persona o institución».
Toda la oposición en contra
Asegura Hernando que esta proposición de ley no va «contra nadie en especial», pero la oposición tiene claro que obedece a intereses electoralistas.
Todos los grupos criticarán no sólo el contenido sino las formas elegidas por el PP, un procedimiento urgente y en lectura única que acorta los plazos, evitando el trámite de ponencia y comisión e impidiendo además que se emitan los informes preceptivos del Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial.
Para el socialista Antonio Hernando «esto es lo que parece, es decir, un acto electoral del Partido Popular, y por eso trajo al Congreso a presentar esta iniciativa a su candidato electoral en Cataluña, el señor Albiol». A juicio del PSOE, la reforma exprés que propone el PP es innecesaria porque ya existen suficientes mecanismos en la legislación actual para que se cumplan las sentencias del Constitucional.
En plena campaña electoral de las catalanas, el portavoz de Convergencia, Pere Macías, aprovechará su intervención para denunciar lo que califica como «una ley antipersona, contra el presidente de la Generalidad. Es impropio de un sistema democrático, una barbaridad», remacha Macías, que ve una clara intención electoralista del PP en este pulso parlamentario.
La Izquierda Plural se opondrá también al considerar que estamos ante un atropello democrático y un uso político del Tribunal Constitucional mientras para Rosa Díez de UPyD, «no se necesitan cambios legales, sino voluntad política de hacer cumplir las leyes. Es una reforma innecesaria y realizada de forma chapucera e irrespetuosa con el Parlamento».
