La «clase» política española cuando toma posesión de sus cargos tiene que jurar o prometer acatar la Constitución Española de 1978.
En dicha Constitución, norma fundamental de este Estado, se establece que el sistema político de este país es la Monarquía parlamentaria. No parece claro que algunos de los juramentos o promesas llevadas a cabo en el Congreso y en Senado, hace algunas semanas ya, por algunos diputados o senadores, sean legales.
El Tribunal Constitucional, de la mano del asesinado por ETA, Francisco Tomás y Valiente, ya estableció que las coletillas añadidas a un juramento o a una promesa no podían «condicionar ni limitar» el acatamiento de la Ley que debe ser inequívoco.
Por lo tanto, los juramentos o promesas llevados a cabo por una República catalana, serían considerados ofensivos a la máxima institución del Estado, la Monarquía y deberían ser punibles y tener un castigo.
No extraña que los partidos constitucionalistas hayan puesto el grito en el cielo ante la pasividad mostrada por la presidenta y presidente del Congreso y Senado, respectivamente, y aún del mismo Gobierno, y que pidan que cumplan la ley.
¿Hasta cuándo va a haber impunidad? ¿Hasta cuándo el Gobierno va seguir siendo cómplice de quienes quieren destruir al Estado?
