
Antonio María Álvarez-Buylla, decano del Colegio de Procuradores de Madrid y candidato a sustituir a la exvocal de CiU en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Mercè Pigem, que dimitió después de ser sorprendida sacando dinero en metálico de Andorra, fue imputado por un presunto delito de falsedad documental por alterar presuntamente los estatutos del órgano profesional que preside pero el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid ha archivado la causa.
Según el auto notificado hoy, al que ha tenido acceso Efe, el juez Francisco Javier Teijeiro Dacal ha acordado «el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones» en las que estaba imputado Álvarez-Buylla «al no constar acreditada la perpetración del ilícito penal alguno».
Este jurista conservador fue propuesto por el PP y votado como primer suplente en los nombramientos del Senado para el Poder Judicial por el turno de juristas y ahora que Pigem ha dimitido, una vez el presidente del CGPJ comunique la vacante a la Cámara, será designado vocal del órgano de gobierno de los jueces.
La Asociación para la Defensa del Procurador acusó a Álvarez-Buylla como decano del colegio de una falsedad documental por alterar el texto del estatuto profesional, que fue publicado en el Boletín de la Comunidad de Madrid «con la alteración mendaz incorporada», según la organización.
El estatuto fue anulado y el acusado atribuyó el asunto a un error administrativo.
El juzgado archivó el asunto en junio de 2013, pero la acusación recurrió ante la Audiencia de Madrid para que obligara al juzgado a llevar a cabo una serie de diligencias, entre ellas la declaración como imputado de Álvarez-Buylla.
Así lo acordó la Audiencia en julio de 2014 y por ello desde entonces el decano de los procuradores madrileños estaba imputado en la causa.
Una vez celebradas dichas diligencias ahora el juzgado ha decidido archivar de nuevo el caso y lo ha hecho en un auto que se ha notificado hoy.
El juez insiste en que no ha quedado probado que el estatuto se alterara de forma «intencional» ni la participación del decano en los hechos.

