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LOMLOE: La UE investiga la Ley Celaá y pide explicaciones al Gobierno de España

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La UE comienza una investigación sobre la LOMLOE o Ley Celaá  y pide explicaciones al Gobierno de Sánchez, de coalición PSOE-Podemos

Hoy en el Parlamento Europeo si la Ley Celaá va en contra de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE) y del Estado de Derecho de España, y se ha comenzado una investigación al respecto pidiendo explicaciones al Gobierno español.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido hoy pedir explicaciones al gobierno español sobre si la Ley de educación, LOMLOE, conocida como Ley Celaá, vulnera derechos como la libertad o el pluralismo.

Esta comisión parlamentaria ha debatido hoy este asunto a raíz de cinco denuncias presentadas por varias asociaciones y plataformas como Más Plurales o CONCAPA.

Tras el debate sobre la ley LOMLOE, en el que han participado representantes de la Comisión Europea y de todos los grupos políticos del Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, ha concluido que «la mayoría abogaba por la petición de explicaciones al gobierno español, en concreto que el Ministerio de Educación explique si la Ley vulnera el pluralismo o la libertad educativa y también que explique si ha cumplido con el objetivo del Semestre Europeo de 2020 que exige que la Ley se haga con consenso y diálogo de toda la sociedad».

Además de su petición a las autoridades españolas, la Comisión de Peticiones también ha decidido pedir a la Comisión Europea que investigue si esta Ley vulnera el pluralismo educativo o la libertad de elección.

También ha acordado solicitar a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo que presente su opinión sobre este asunto, y además lo ha enviado al Intergrupo sobre Discapacidad de esta institución para su estudio.

Durante el debate de este asunto, en el que han participado representantes de las asociaciones y plataformas demandantes, la eurodiputada popular Isabel Benjumea ha asegurado que la Ley Celaá “atenta contra los derechos y libertades de ciudadanos europeos”, entre ellos «derechos como la libertad de los padres de decidir cómo educar a sus hijos, la libertad de elegir los centros educativos y la libertad religiosa».

Tras recordar que la Ley Celaá se aprobó en 2020 “sin el mínimo consenso, y en plena pandemia del coronavirus cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas, y sin llegar a acuerdos entre las principales partes implicadas”, Benjumea ha asegurado que “la Unión Europea no puede permanecer callada ante la vulneración de derechos”.

Por ello, Isabel Benjumea ha pedido que esta petición siga siendo estudiada por las instituciones europeas y que la Comisión de Peticiones impulse una misión de investigación “sobre las deficiencias en la elaboración de esta ley”.

“Inclusividad sí, escuelas especiales también”

Por su parte, la también eurodiputada del PP Rosa Estarás ha incidido en su intervención en el efecto de esta Ley en los niños con discapacidad y ha criticado que se pretenda un cierre progresivo de los centros de educación especial para mantener solo los dedicados a las personas con discapacidad muy severa, lo que ha criticado porque “no hay dos niños discapacitados iguales, lo importante es ver lo que necesita en cada momento de su vida”.

“Decir que no hace falta presupuesto para la educación especial porque habrá trasvase de la escuela especial a la ordinaria es no estar en la realidad”, ha añadido la eurodiputada balear, que ha resumido su posición asegurando: “inclusividad sí, pero escuelas especiales también”.

Rosa Estaràs ha señalado asimismo que “la Disposición Adicional Cuarta de la Ley LOMLOE tal y como está redactada no tiene sentido”, por lo que ha pedido su derogación. También ha asegurado que “la defensa del interés del menor ha de primar todas nuestras políticas”.

“La LOMLOE vulnera derechos fundamentales”

Por su parte, la eurodiputada y ex ministra de Educación (2000-2004) Pilar del Castillo ha afirmado que «esta ley supone una vulneración de derechos fundamentales. En concreto, del derecho a la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, derechos reconocidos no solo en el artículo 27 de la Constitución española sino también en el artículo 14.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea».

Del Castillo ha recordado que «uno de los rasgos del espíritu fundacional del proyecto europeo es el respeto al pluralismo, esto es, el respeto a la pluralidad de convicciones y valores morales y religiosos, del que se deriva el derecho de los padres a que sus hijos se eduquen de acuerdo con ellas».

Para la eurodiputada, “la nueva ley de Educación desarrolla un modelo educativo alejado del pluralismo de la sociedad y basado en la monopolización estatal del mismo”. En su opinión, “son muchos los aspectos que merecen una revisión, pero hay uno fundamental, y es la supresión de la demanda de las familias como criterio de programación de la oferta educativa, lo que se conoce como demanda social. Al suprimirse este concepto en la ley, las preferencias de los padres se convierten en irrelevantes”.

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