Se duplica en Navarra la atención a personas y familias desahuciadas en 2020 por impago de alquiler

El Servicio Social de Justicia de Navarra, a través de la Sección de Asistencia a Víctimas, ha atendido en 2020 el doble de casos de desahucio por impago de alquiler de los que tramitó el año pasado. En concreto, la cifra ha sido de 205 y las ejecuciones hipotecarias (desahucios por impago de hipoteca) son 28 en lo que llevamos de año.

Estos son algunos delas cifras provisionales de balance para el año 2020 que ha elaborado la Sección de Asistencia a Víctimas de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra. Unos datos que, en palabras del director general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas, “demuestran que el estado de alarma no paralizó la atención a los derechos de las personas”. “Debo agradecer el trabajo del Servicio Social de Justicia y de todo el personal implicado en la atención a las víctimas, que se desdoblaron para atender telemáticamente y presencialmente, cuando era posible, a toda aquella persona que lo necesitó”, ha indicado Sainz de Rozas.

“No dejar derechos en cuarentena”

Cuando se declaró el estado de alarma, la prioridad de la Dirección General de Justicia fue, para Rafael Sainz de Rozas, “que los derechos no quedasen en cuarentena; y más en una situación donde la vulnerabilidad crecía para quienes podían tener problemas para pagar un alquiler o una hipoteca, o para aquellas mujeres que se veían obligadas a convivir permanentemente con su agresor”. Por ello, “el Servicio Social de Justicia hizo un esfuerzo especial para su atención, por cualquier vía que fuera posible”, ha recordado.

A pesar de ello, esta situación provocada por la pandemia “ha causado un descenso en el número de expedientes judiciales tramitados, lo cual ha provocado, a su vez, un descenso en el número de expedientes de justicia gratuita que se han atendido”, ha explicado. En concreto, a 23 de diciembre, en 2020 se habían tramitado 8.699 expedientes de justicia gratuita, lo que supone un descenso del 10% respecto a los datos, en estas mismas fechas, de 2019 (cuando se tramitaron 9.700).

Este descenso se debe, insiste Saiz de Rozas, a un menor número total de expedientes judiciales tramitados. “Nadie que cumpliera los requisitos para la atención jurídica gratuita ha quedado sin atender”, ha señalado. El director general de Justicia ha recordado que, durante el estado de alarma, desde la Dirección General de Justicia se procedió al adelanto del pago a los colegios de abogados por estos servicios, para garantizar la viabilidad del sistema y la atención jurídica gratuita a las personas que lo necesitaban.

Atención a las víctimas de violencia de género

Las víctimas de violencia de género son “un alto porcentaje” del total de personas atendidas por la sección correspondiente, que ascienden a 390. Además, 96 agresores han sido derivados este año a los diferentes programas de atención psicológica que financia la Dirección General de Justicia; y cabe destacar que 4 de los 96 entraron en los programas de manera voluntaria (es decir, no a través de sentencia judicial).

El Servicio Social de Justicia ha hecho especial mención, además, en las cifras relativas a la mediación, ya que los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos están siendo impulsados por la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra.

Así, un total de 523 casos del ámbito penal fueron derivados a la mediación, lo que supone un incremento del 25% respecto a 2019. Además, hubo 68 casos del área de familia, 24 de lo civil y 9 de lo mercantil abordados desde la mediación. Estos datos son provisionales y únicamente incluyen, por el momento, las mediaciones tramitadas en el partido judicial de Pamplona y en el de Aoiz.

Además, desde el Servicio Social de Justicia se han detallado otras cifras de relevancia: por ejemplo, las 730 actuaciones periciales realizadas por los peritos; o los 798 servicios llevados a cabo por los intérpretes, y los 342 servicios de traducción ante la Justicia. También se ha detallado que se han tramitado ante la Fiscalía un total de 214 casos de modificaciones de capacidad.