Personas en una Residencia. masquemayores.com
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Los profesionales sociosanitarios de las residencias navarras se someterán a la realización de cribados quincenales una medida novedosa
El Departamento de Salud, junto al de Derechos Sociales, comenzará a partir de la semana que viene a hacer cribados quincenales a los y las 5.100 profesionales sociosanitarias de todas las residencias de la Comunidad, una medida pionera en el Estado y que redunda en la estrategia prioritaria del Ejecutivo foral de proteger al ámbito sociosanitario detectando los vectores de transmisión en estos centros.
La medida, que cuenta con una inversión de 1,34 millones de euros, consistirá en realizarles pruebas diagnósticas con una periodicidad de 15 días durante dos meses, tras los que serán evaluadas. En total, son 112 centros, que incluyen residencias de mayores, de discapacidad y de Salud Mental. Los cribados serán realizados de forma mixta entre los servicios de prevención de riesgos laborales y profesionales de los centros residenciales y congregaciones religiosas.
La iniciativa arrancará con los cuatro centros públicos, alcanzando a alrededor de 500 personas trabajadoras de la Residencia El Vergel, CAIDIS San José y la Residencia Santo Domingo de Estella. Asimismo, llegará a los y las 160 sociosanitarias del Centro San Francisco Javier, en el que, al contar con un brote activo y en base al protocolo establecido, el cribado enmarcado en el plan no se pondrá en marcha hasta dos semanas después de resolverse. En dicho espacio, como es preceptivo, Salud está realizando test semanales a todos los trabajadores y trabajadoras.
Esfuerzo de inversión extraordinario de 1,64 millones
La estrategia redunda en el trabajo desarrollado los últimos 8 meses, desde el comienzo de la pandemia, por los departamentos de Salud y Derechos Sociales, una apuesta que ha conllevado un esfuerzo de inversión extraordinaria en el ámbito sociosanitario de 1,64 millones de euros. Además del empuje presupuestario, la política de protección de residencias ha supuesto un trabajo importante de coordinación continua con los centros, a través de la Unidad Sociosanitaria, una sinergia clave en la estrategia de prevención y respuesta.
El cribado quincenal a estos profesionales es un paso más en el objetivo prioritario de evitar los contagios, en el que se enmarcan los programas de Salud ya llevados a cabo, SEPRORESI, que alcanzó a 5.636 residentes de centros sociosanitarios y congregaciones de más de 10 usuarios, y SEPROSANA 1 y 2, con 6.400 test Elisa a personal de Salud propio y contratas y del sociosanitario de aquellos centros y congregaciones con más de 20 residentes. Asimismo, se han realizado otras 2.802 PCR a residentes y 2.140 a trabajadores.
El plan de actuación realizado incluye asimismo el apoyo de la unidad de geriatría del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) y Hospitalización a domicilio (HAD) –con una inversión de 74.429 euros- y la formación de la Unidad Sociosanitaria -105.893-, en la que han participado Salud y Derechos Sociales, con 2 facultativos médicos, 5 de Enfermería, 2 de Administración y una trabajadora social. A su vez, se ha provisto de un equipo médico para pasar visita los fines de semana, así como brindar apoyo extraordinario a los centros en los que se detectó una incidencia elevada de la enfermedad.
Otra de las líneas de trabajo de los departamentos ha sido la dotación de recursos intermedios como Amavir Argaray en julio y San Adrián en septiembre, además de los abiertos en la primera ola de la pandemia (Félix Garrido y Balneario de Fitero, en marzo y abril, respectivamente). Constituyeron un apoyo a residencias para evitar la transmisión del COVID-19 en su interior y para mejorar la atención integral de personas con necesidades especiales, entre otras. También han permitido atender a personas dependientes con coronavirus procedentes de su domicilio, cuando no era posible mantener en estos las medidas adecuadas de aislamiento.
Otro ámbito de actuación ha sido el apoyo de la Unidad Sociosanitaria desde Servicios Centrales. Se han venido realizando visitas preventivas y de asesoramiento para la implantación de los planes de contingencia, y la aplicación de los protocolos pertinentes con realización de cribados a personas residentes y trabajadoras ante la detección de un caso.
A estos recursos se añaden profesionales del Departamento de Derechos Sociales que se han trasladado hasta los centros que lo han precisado para el apoyo a la gestión en el caso de brotes.
Por otra parte, el esfuerzo en inversión también ha sido notable en materiales como oxígeno -448.042 euros- y de protección (EPIs) -450.000 euros-.
Gasto extraordinario de Derechos Sociales
Las distintas actuaciones del Departamento de Derechos Sociales, con motivo del COVID-19 han supuesto un gasto extraordinario desde el comienzo de la pandemia estimado en 14,2 millones de euros, de los que 7,2 corresponden a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), con destino a actuaciones con personas mayores, discapacidad y menores, desde recursos intermedios, equipos, acondicionamiento de espacios, material clínico, servicios de lavandería, limpieza y desinfección, vestuario y calzado adecuado.
Con estos fondos se hará frente también a los gastos extraordinarios ocasionados por la pandemia en los centros residenciales de Navarra. De esta forma recibirán 3,6 millones, de los que 1,1 proceden de los fondos extraordinarios del Estado.
A principios de noviembre ya se realizó un primer pago de 2,5 millones de euros, convirtiéndose Navarra en la primera comunidad que indemniza a las residencias de ancianos con motivo del COVID-19.
Un 41,53% se destinará a compensar por los ingresos que se han dejado de percibir por desocupación de plazas durante la primera fase de la pandemia en que se suspendieron los nuevos ingresos, mientras que el 40.38% se destina a compensar los gastos ocasionados por las bajas y refuerzo de personal y, el resto, un 17.19% a materiales diversos.
Por otra parte, la situación en los centros residenciales en los que se harán los cribados, sigue una tendencia favorable, con reducción de casos entre personas residentes y también de las bajas entre personal trabajador.
En los centros de mayores se ha pasado de 179 casos activos en el pico, 17 de noviembre, a 12 en el último informe; es decir, un descenso del 93%. Sólo una persona permanece en su residencia, el resto han sido trasladadas a centros hospitalarios o a los recursos intermedios.
El pico de casos coincide con el pico de personal de baja, el 17 de noviembre, con 88 personas, frente a las 27 del último informe, lo que supone una reducción del 69%.
En el caso de los centros de discapacidad, los picos se produjeron a finales de octubre. La cota máxima de casos activos llegó hasta los 35, frente a los 2 actuales, mientras que en el caso de las bajas se ha pasado de 43 a los 5 de la actualidad.
