Miguel Cornejo.
Martínez Gorriarán: “El mayor problema de la ley Celaá está en su absoluta falta de preocupación por los resultados”.
El pasado jueves tuvimos la suerte contar con Carlos Martínez Gorriarán, doctor en Filosofía, licenciado en Historia, profesor de Estética y Teoría de las Artes en la UPV, colaborador frecuente en prensa. Tiene además una trayectoria activista interesante, desde el trostkismo en los tiempos de la transición (compartiendo organización con el notorio Germán que murió tras los disturbios de la plaza de toros de Pamplona en 1978) hasta la militancia contra ETA cofundando ¡Basta Ya! y el Foro de Ermua (fue uno de los 42 profesores de la UPV que denunció la “red mafiosa” que existía en ella, defendiendo y explotando impunemente el terrorismo), y finalmente UPyD con Rosa Díez. En este partido, que se extinguió judicialmente horas antes de la entrevista, tuvo un papel clave en Programas y ocupó escaño de diputado en Congreso. Tras su vuelta a la UPV vive algo más relajado, pero no ha dejado de opinar y participar en iniciativas cívicas.
Uno de sus frentes es la educación. Los pactos que han dado lugar a la “Ley Celaá” tienen su lado positivo (“Están más débiles de lo que parecía, están teniendo que dar más explicaciones de lo que parecían estar dispuestos a dar”) pero “evidentemente es un pacto infame”. Y peligroso, porque “el principal capital humano es la confianza, y si se pierde pones en marcha procesos incontrolables.” El caos de Canarias, el impacto económico de la crisis, la ley Celaá, “son provocaciones a sectores sociales enteros”.
La ley Celaá “da estatus jurídico a lo que ya pasaba en Cataluña” donde “hace muchos años que se suprimió la libertad de elección lingüística” pero los sucesivos gobiernos lo han tolerado y las sentencias del Tribunal Supremo nunca se han aplicado. “Hemos llegado al punto de que ya da igual, a ojos del gobierno, liquidar el papel simbólico que se reservaba al castellano”.
Pero lo peor de la ley no es eso sino la “interferencia constante” de unas leyes que “van empeorando” progresivamente, desembocando en una ley “sectaria, intervencionista, contraria a principios básicos de la educación, cada vez más preñada de estas querencias absurdas como la ‘pizarra en blanco’, y donde a los niños hay que enseñarles hasta qué sexo tienen. Yo la esperanza que tengo es que, como pasa con todas estas leyes, sencillamente no dure”.
Pero “el daño que hace a la educación en España, e incluso a lo que es una ley”, queda ahí. “Las leyes en España están más devaluadas que los reglamentos”, y las de Educación se llevan la palma. Hace falta un acuerdo de que no se puede hacer una ley “de partido”, y de que el horizonte debe ser a largo plazo: “no se deberían hacer leyes de educación para menos de 30 años”. Leyes sencillas, que sean fáciles de revisar en los detalles sin tener que tocar el fondo, no como la ley Wert “que tenía los detalles del reglamento de un instituto” y quizá protegidas constitucionalmente para que cambiarlas requiera una mayoría reforzada. Pero lo primero que hace falta es “voluntad política” para detener el ciclo de reformas inútiles, que en ocasiones simplemente aumentan y corrigen los detalles sin cambiar siquiera el fondo. Cuando solamente la tramitación te lleva tres años, esas “regresiones infinitas” impiden que haya una ley de Educación estable. “Si se hiciera lo mismo en economía, las empresas tendrían que estar cerrando y reabriendo cada año”. Los educadores están hartos. “Nadie quiere ser director de un centro” y asumir unas responsabilidades tan “contradictorias, arbitrarias, y absurdas”. Por no hablar de la burocracia, que no deja de crecer.
El propio ministerio de Educación, vacío de competencias, no tiene más sentido que otros como el de Vivienda. Podría ser una simple direccion general, pero se empeñan en mantenerlo. “Es una cuestión de falta de calidad política”.
“El gobierno además aprueba leyes para que no se hable de otras cosas. Están utilizando la legislación como una pantalla de humo. ¿Porqué se han empeñado en aprobar esta ley” cuando no va a durar, o se va a quedar en proyecto?
“Lo que me ha parecido más grave es que se ha aumentado el número de horas dedicadas a majaderías varias, reduciendo cada vez más el tiempo dedicado al estudio, al aprendizaje.” Así “al final los centros educativos son centros de entretenimiento”.
“Cualquier profesor universitario os dirá lo mismo. En los últimos 20 años se ha visto un clarísimo descenso en el nivel de conocimientos de los jóvenes que llegan a la universidad. Tanto en ciencias como en Humanidades. Es facilísimo saber porqué cuando conoces el currículum escolar, el hartazgo de los docentes. Tengamos en cuenta también que muchos de los docentes que hay ahora también son producto de estas leyes escolares, estamos en un círculo vicioso”. Una diferencia que se refleja en los resultados PISA pese a una inversión en educación que no es precisamente de las peores.
La modificación del carácter del castellano es “el banderín de enganche para que le voten la ley los nacionaliastas” pero “el problema está en el empeoramiento de la educación, en su cada vez mayor sectarismo, y sobre todo en su absoluta falta de preocupación por los resultados”. Quitan las evaluaciones porque “hay que quitar los indicadores que puedan permitir comprobar los resultados”. En este país, “casi todos los que terminan el bachillerato acaban yendo a la universidad, y casi todos los que no, acaban siendo ‘ninis’, y eso es un desastre que se arrastra desde hace muchos años”. Además “hay una relación directa entre fracaso y abandono escolar temprano, y paro”, igual que sucede en Italia y Grecia.
Y lo peor es que “nadie quiere hablar de educación.” Es un tema que a la gente “le aburre, no le interesa, y por eso hay tan poca presión sobre los políticos para que dejen en paz a la educación”. Al final “la gente vota por identidad política, no por la política educativa ni la fiscal ni la económica” sino por “quiénes son los míos, que estoy contra los otros”.
Y esto fue solamente el primer tercio de la entrevista. En el resto entramos ya en la actualidad, la política, y hasta las reformas constitucionales.
Miguel Cornejo, presidente Asociación Pompaelo.
