El fenómeno que ocupa lleva unos años desarrollándose en España.
Las ideologías populistas de izquierda lo han fomentado, por activa y por pasiva. No entienden que para algo existe la propiedad privada. Propiedad que, por cierto, está amparada y defendida por la Constitución del 78.
Por lo visto, esto es lo que no parecen entender algunos.
Hoy, también, existe una ley que pretende amparar al ciudadano frente a ataques de terceras personas. Es la llamada Ley de Protección de datos. Por dicha ley, ningún organismo público puede dar los datos personales de una persona física a cualquiera, sino hay un consentimiento expreso.
El gobierno de Navarra, a tenor de las informaciones conocidas, habría expuesto a la luz del día los datos de cientos de contribuyentes, sin su consentimiento expreso, al filtrar los nombres y datos personales de aquellos contribuyentes que pudieran tener una vivienda desocupada.
Si ello fuera cierto, deberían exigirse las responsabilidades oportunas y deberían producirse dimisiones sin pasar un minuto. Sea culpa del consejero de turno, del director general o de quién fuera, la imagen que se deja de la administración no es muy halagüeña.
Dimisiones ya.