Chechu Rodríguez, secretario general de CCOO en Navarra.
NAVARRAINFORMACIÓN.ES
CCOO ha denunciado graves retrasos en la incorporación de 20.000 trabajadores en la Administración del Estado y el colapso en los servicios públicos de la Administración General del Estado en Navarra
En el INSS, SEPE y TGSS en Navarra que se han perdido un 30%, 25% y 23% respectivamente de personal en los últimos cuatro años.
CCOO ha exigido al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados en la Administración General del Estado y considera «injustificable esta situación que perjudica tanto a las y los empleados públicos como a la perdida de garantía de los derechos de los ciudadanos».
El sindicato ha denunciado la «paralización» que sufren las Ofertas de Empleo Público (OEP) aprobadas por el Gobierno para la Administración General del Estado, y que supondrían la incorporación de casi 20.000 trabajadores y trabajadoras, la estabilización de más de 5.000 puestos temporales y la promoción de más de 14.000.
Asimismo, advierte del colapso que se está produciendo en los servicios públicos que presta la Administración General del Estado en Navarra, cuya reducción de empleados públicos en los últimos 10 años es más del 25%, y exige la inmediata negociación de la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2020 y reclama al Gobierno celeridad a la hora de desarrollar las convocatorias, que se demoran más de dos años desde la firma del acuerdo a la toma de posesión, con un grave riesgo de colapso de los servicios públicos.
«Esta destrucción de empleo en la Administración del Estado, que se ve agravada por las nulas OEP entre 2010 y 2014, y el establecimiento de las tasas de reposición han frenado el mantenimiento de una plantilla que si bien ya arrastraba una situación cada vez más precaria en la tramitación de servicios públicos como pensiones, desempleo, expedición del DNI y pasaporte, permisos de extranjería, vigilar y cuidar de reclusos y reclusas en el centro penitenciario», ha afirmado CCOO.
En opinión del sindicato esto «demuestra la desbordada tramitación para el IMV y los ERTE«.
La convocatoria de las ofertas de 2018 y 2019 se acumuló para, supuestamente, agilizar los procesos. Ha pasado casi un año desde la realización del primer ejercicio, y estos 4.000 aspirantes aprobados siguen esperando para su incorporación, cuando en este momento serían indispensables en el SEPE o la Seguridad Social, entre otros.
Con todo, el sindicato se muestra en contra de privatizar servicios públicos en lugar de desarrollar en un plazo razonable las OEP e incorporar a personal público.
En este momento hay 19.792 plazas de ingreso libre comprometidas entre 2018 y 2019 que no avanzan, cuando los procesos ya cuentan con aspirantes que han superado las pruebas selectivas, y llevan meses esperando la elección de destinos y la publicación de sus nombramientos.
Además ha recordado que los «procesos de promoción interna y estabilización del empleo público de carácter temporal también continúan frenados».
