Pablo Casado en la Comisión de Seguimiento del Covid 19.
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Casado pide reformar de manera «expres» las medidas de Salud Pública para confinar sin estado de alarma
Así lo ha pedido hoy el presidente del PP, Pablo Casado, en la Comisión de Seguimiento del COVID-19 «número 60» desde el 27 de febrero ha dicho nada más empezar.
Acompañado por exministros y representantes de Sanidad o Turismo del PP, también telemáticamente, Casado ha indicado que lo que les «mueve a esta comisión es la salud de los españoles».
Hay que trasladar la idea de que hay que actuar y el presidente va detrás de los acontecimientos». No se puede dejar todo a la responsabilidad de los ciudadanos, para eso estamos las instituciones y los partidos políticos», ha dicho.
Así ha trasladado que a partir de hoy mismo, va a ofrecer al PSOE «negociar» una «reforma exprés de la Ley Orgánica de Medidas de Salud Pública de 1986 que permita poner en marcha medidas inmediatas y urgentes de cuarentena, limitación de movimientos o confinamiento para hacer frente a los cientos de rebrotes del Covid-19 que se están extendiendo por toda España». «Un reforma que permitiría confinar sin usar el estado de alarma y que puede aprobarse en las Cortes en 15 o 20 días si hay voluntad política para ello», ha adelantado Casado.
La reforma que propone el PP también recoge que se puedan controlar o limitar las entradas y salidas de las zonas afectadas, así como los movimientos en su interior, y la posibilidad de condicionar el derecho de reunión. La Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública de 1986 puede limitar derechos fundamentales y ya regula las «enfermedades contagiosas» en su artículo 1. A su entender, esa norma se puede «completar» para usarse sin acudir al estado de alarma de nuevo.
«Garantía de derechos fundamientales sí, pero queremos eficacia, rapidez, seguridad y protección», ha añadido.
Tras reconocer que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, está «ausente», ha recordado las palabras del 4 de julio del presidente Sánchez, «hemos derrotado a la pandemia» y han aparecido brotes y rebrotes afectando a niños y jóvenes con afectación en salud mental, ha mostrado su Plan B o alternativa, en aspectos Jurídico, Sanitario y económico sobre todo en el Turismo.
De ahí que Casado también pretenda reformar la Ley Orgánica de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998 para que el Tribunal que ampare la restricción de movimientos sea el Tribunal Superior de cada Comunidad o el Tribunal Supremo cuando quien actúa es el Ejecutivo central. Una reforma en el artículo 3 de la citada ley orgánica que hoy mismo va a registrar y pedirá que se tramite de urgencia y en procedimiento de artículo único, lo que permitiría que estuviera aprobada en agosto.
» Con los cambios que plantea el PP, el Gobierno podrá afrontar la actual oleada de rebrotes sin acudir a medidas excepcionales como el estado de alarma», ha asegurado Casado.
El presidente popular ha denunciado que el Gobierno se está mostrando «desbordado o pasivo» y el Plan B tiene que aprobarse ya».
En el entorno turístico con 124.000 millones de pérdidas según los operadores, «sino se toman medidas caerá más y este sector supone en 13% del PIB y el 11% del empleo nacional y es tractor de la industria cultural, gastronomía, transporte y comercio», ha insistido.
En este sentido propone que le Gobierno costee las pruebas PCR a los turistas que lleguen a España y un choque fiscal, IVA, bajada de tasas aeroportuarias y tasas de pernoctaciones
Además ha insistido en que hay que tomar medidas preventivas en distintas leyes de impulso o reformas como la de Salud Pública, Contratación, Investigación… En cuanto a Salud Pública ha pedido canales de datos sobre los fallecidos por coronavirus, «los ciudadanos no se fían de los datos del Gobierno o de la prensa». También mantenido la urgencia de prever la vacunación de la gripe para otoño que va coincidir con brotes y debe ser tenido en cuenta.
«Queremos ser útiles pero no callarnos. Hay Plan B alternativo pero cuenta con el factor tiempo», ha concluido.
Pablo Casado insiste en un ‘plan B’ jurídico donde las autonomías puedan limitar los movimientos
