Isabel Celaá, ha presidido la Conferencia Sectorial de Educación. Moncloa
NAVARRAINFORMACIÓN.ES
Todas las comunidades autónomas, excepto Madrid y País Vasco, aceptan las medidas de vuelta a las aulas de la «nueva normalidad» propuestas por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá
Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional, en la Conferencia Sectorial de Educación, ha acordado las pautas para el reinicio de la actividad educativa presencial en septiembre.
El acuerdo, al que se han adherido todas las Comunidades Autónomas (CCAA), excepto Madrid y País Vasco, recoge orientaciones para reforzar los déficits de aprendizaje provocados por la suspensión de actividad educativa presencial a causa del Covid-19 y para reducir la brecha digital.
Celaá ha trasladado a las CCAA que el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) va a adaptar la actividad lectiva presencial como principio general para el curso escolar 2020-2021 «con el máximo de garantías necesarias».
El MEFP ha presentado durante la Conferencia un documento base elaborado junto al ministerio de Sanidad con medidas de higiene y seguridad para garantizar un curso seguro y para la detección precoz de posibles casos de Covid-19. Cada comunidad trasladará sus propuestas de medidas de seguridad en función de lo que marquen las consejerías de Sanidad.
La «nueva normalidad» para el curso contempla que todos los alumnos estudien presencialmente en «grupos de convivencia estable «de 15 o hasta 20 personas» que no deberán abandonar en ningún momento. Los niños menores de 10 años no tendrán que llevar mascarillas ni respetar una distancia interpersonal que ahora se ha rebajado a 1,5 metros.
Educación contempla que se impartan clases de prevención y que haya un equipo Covid-19 en cada centro educativo para que se cumplan todas las medidas.
Los alumnos recibirán lecciones en los parques, podrán comer en el aula y tendrán que salir por turnos al recreo, pero no estará permitido participar en reuniones y asambleas ni moverse con libertad dentro del recinto escolar.
El curso comenzará en el mes de septiembre, cumpliendo el mínimo de 175 jornadas lectivas y adaptándose su aplicación a las circunstancias concretas de los centros.
Los centros educativos adaptarán, en todas las etapas y enseñanzas, sus programaciones didácticas para recuperar los aprendizajes no alcanzados a raíz del estado de alarma por coronavirus. También podrán incorporar planes de seguimiento y de apoyo para los alumnos con dificultades de aprendizaje o emocionales por esta etapa de alarma y confinamiento.
En relación a los servicios complementarios habituales, como el transporte y los comedores, las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para asegurar su continuidad.
También se ha informado de la prioridad de reducir la brecha digital, que el confinamiento ha puesto de manifiesto. Se prestará o entregará equipamiento para los centros educativos y para los alumnos. Se promoverán las acciones de formación digital a profesores y alumnos y el asesoramiento de las familias.
El MEFP y las Consejerías responsables de Educación intensificarán también las acciones de colaboración para la elaboración, difusión y oferta de recursos digitales para la enseñanza, el aprendizaje y la formación de los diversos sectores de la comunidad educativa.
Igualmente, se pondrán en marcha programas de cooperación territorial cofinanciados y orientados especialmente en dos direcciones: la recuperación de los grupos de estudiantes que más han sufrido las dificultades vividas y la dotación en equipamiento tecnológico que permita mantener el vínculo educativo. Por último, las administraciones educativas fomentarán el trabajo colaborativo entre los docentes de los centros educativos para permitirles dar una respuesta coordinada frente a circunstancias imprevistas.
Madrid, Cataluña, Galicia y País Vasco frenan las medidas sanitarias
Según ha dicho la ministra, Isabel Celaá, al documento de 14 puntos se adhirieron todas las regiones menos la Comunidad de Madrid y País Vasco. El consejero de Educación de Madrid, Enrique Ossorio, aseguró que es «irrealizable», porque «en dos meses no se pueden modificar todos los espacios y el gasto que generaría sería enorme».
El representante de la Comunidad de Madrid se ha negado a aceptar el documento de medidas de higiene porque ha dicho que el «escenario inicial debía ser de normalidad, pero el Gobierno impone un cambio sustancial del sistema educativo exigiendo 1,5 metros de distancia entre los alumnos. Nuestras aulas, nuestros profesores y los espacios de los que disponemos no están preparados para este sistema».
La consejera de Educación, Universidad y Formación Profesional, de Galicia, Carmen Pomar se unió al acuerdo de los 14 puntos pero ha rechazado romper grupos de alumnos planteadas en el borrador de medidas de higiene. «Considera que el mantenimiento de los grupos actuales, con las medidas de prevención de salud planificadas, representa una mayor seguridad socioemocional para que los estudiantes enfrenten el nuevo curso después de varios meses separados de sus pares regulares». Además, Pomar dijo que esta reducción de estudiantes por aula requeriría recursos que no podrían cubrirse con los fondos anunciados por el ministerio, ya que no se trata solo de expandir a los docentes, sino también de espacios educativos».
Asimismo, Cataluña y País Vasco consideran que no tienen que aprobar unas condiciones de seguridad que entran dentro de sus competencias exclusivas.
Tras la reunión, el Departamento de Educación catalán ha hecho un comunicado que expresa que el consejero Josep Bargalló «ha hecho saber su malestar» durante la conferencia «por la presentación de un borrador no vinculante con la formalidad de documento oficial y ha insistido en que, una vez superado el estado de alarma, como ya será en el inicio del curso 2020/2021, las competencias para dictar medidas sanitarias recaen en las autoridades de salud propias y en los organismos de la Generalitat».
