Pero cómo no va a investigar una Juez una denuncia contra los responsables políticos del 8M.
Ese día, en diferentes actos de marcado carácter multitudinario, como por ejemplo, las manifestaciones realizadas por el día de la mujer (8M) o el mitin de un partido político (Vox), está constatado que la posibilidad de contagio de coronavirus aumentó exponencialmente.
Presumiblemente, esos actos y otros anteriores de días pasados deberían haber sido prohibidos o, como mínimo, prorrogados.
Las pruebas aportadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en especial la Guardia Civil, por el médico forense adscrito al Juzgado, virólogos y por la propia OMS (Organización Mundial de la Salud) han demostrado que antes del 8M ya se había alertado al Gobierno y a la Delegación del Gobierno en Madrid de que debía anularse o, en su caso, aplazarse.
La no toma en consideración de dichos informes pudiera incurrir en prevaricación administrativa y, por ello, producirse el juicio.
Todos los españoles saben que las decisiones se han tomado mal y tarde y, que ello, ha provocado miles de muertos.
Las responsabilidades son claras. La Justicia debe tomar nota y los ciudadanos también.