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Los autónomos navarros deberán solicitar las ayudas solo en la administración pública

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Los autónomos, tras más de dos meses en estado de alarma, deberán solicitar las ayudas sólo a través del Gobierno de Navarra y no del sistema conjunto entre Administración y entidades colaboradoras que se había previsto

Una decisión que conllevará aumento de personal para esta campaña que arrancará el 2 de junio  hasta que finalice el estado de alarma iniciado el 14 de marzo. Los autónomos interesados deberán realizar la solicitud a través de internet y serán los técnicos quienes gestionen las ayudas, tras comprobar el cumplimiento de los requisitos. El Gobierno de Navarra destinará 35 millones de euros a sufragar estas ayudas. En función de las solicitudes presentadas, el objetivo, según el Gobierno, es poder realizar el primer abono el 24 de junio y, a partir de esa fecha, hacer pagos semanales.

Los autónomos interesadas en acogerse a las ayudas COVID-19 impulsadas por el Gobierno de Navarra deberán formalizar la solicitud exclusivamente por vía telemática, a través de la página web oficial del Ejecutivo foral.

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, ha anunciado este miércoles una modificación de las bases reguladoras de las ayudas recogidas en la Orden Foral 17/2020, de forma que se prescinde de la figura de las entidades colaboradoras, que en un primer momento iban a tramitar esta prestación. La decisión, tal y como ha afirmado Ayerdi, se debe a un consenso interno por asumir esta función “íntegramente con recursos públicos”.  La modificación no afecta, sin embargo, a los plazos de presentación de solicitudes, que arrancarán el 2 de junio y terminarán el último día del mes siguiente a la finalización del estado de alarma, que todavía está pendiente de la aprobación de una 6ª prórroga.

Se han establecido dos tipos de ayudas. Por un lado, una de 2.200 euros a aquellos autónomos que tengan reconocida la prestación extraordinaria fijada por el Gobierno central dentro de las medidas urgentes extraordinarias para paliar los efectos de la crisis sanitaria y económica desatada por el COVID-19. Y, por otro, una ayuda de 700 euros (que podría llegar a 800 en función de los rendimientos netos de todos los miembros de la unidad familiar), para quienes no cuenten con la prestación estatal pero hayan visto reducida su facturación en al menos un 30%. También en este caso, se ha modificado ligeramente el condicionado, de forma que ahora se tendrá en cuenta la reducción de facturación del mes de abril, “el peor mes del estado de alarma”, tal y como ha incidido Ayerdi, en lugar del mes natural anterior a la solicitud de la ayuda, tal y como figuraba en la orden foral.

En un primer momento, el Ejecutivo foral había previsto realizar la tramitación de estas ayudas a través de un sistema de trabajo conjunto entre personal de la Administración y entidades colaboradoras, entre ellas, asesorías, colegios profesionales y entidades financieras.  Más de 200 ya habían mostrado interés por colaborar. No obstante, finamente el Gobierno foral se ha decantado por la tramitación íntegra con recursos públicos. Para ello, será necesario reasignar recursos humanos de la Administración a esta campaña.

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