Fernando Simón. Foto. La Moncloa
El homicidio imprudente acontece cuando un delito tiene como resultado la muerte de una persona, ya sea por dolo o imprudencia del actor.
La querella presentada en los juzgados de Madrid contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón le atribuye un presunto delito de homicidio imprudente y uno de falsedad documental por su gestión del coronavirus.
Los querellantes sostienen que Simón “ha ido comunicando públicamente una serie de directrices erróneas y contradictorias, haciendo creer a toda población que el impacto del COVID-19 en nuestro país sería mínimo”.
Sostienen además que sus directrices “han sido fatales pues provocaron, que de forma generalizada se bajase la guardia hasta tal punto que no se llegó a hacer acopio de medios de prevención para hospitales y ni para que la población en general pudiese trabajar y desarrollar su vida cotidiana con garantías de salud, condenando a millones de personas al desempleo o precariedad laboral”.
Bastaría ver las declaraciones del Gobierno los primeros días de la Pandemia para comprobarlo, cuando se decía que no pasaba nada, que había que acudir a manifestaciónes, sin problema alguno.
Por ahora, el Tribunal Supremo tiene encima de la mesa querellas del sindicato de funcionarios CSIF, Consejo General de Enfermería o la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), entre otros.
Será la Justicia quien tenga que dilucidar si la gestión de la crisis del Gobierno de Sánchez e Iglesias pudiera haber sido constitutiva de delito y dictamine finalmente sentencia sobre una avalancha de demandas presentadas en los juzgados hasta ahora por homicidio imprudente, la prevariación por omitir los riesgos, lesiones imprudentes, prevaricación, omisión del deber de socorro, imprudencia grave, la desprotección de los trabajadores y hasta el propio estado de alarma.
