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CCOO y Gazkalo, organizaciones que colaboran a nivel estatal con la ‘plataforma gitana Khetane’, piden al Gobierno de Navarra un «plan de rescate ante la delicada situación que atraviesa el comercio ambulante, un sector económico estratégico para la población gitana, entre otros»
Ambas organizaciones advierten de que «se trata de un sector que ya padecía problemas estructurales antes de la aparición del COVID-19 y que ahora se está viendo muy afectado por la crisis que atravesamos». Por eso, añaden, «si no se toman medidas rotundas, en torno a un 75% de la población gitana quedará en una situación de precariedad absoluta que puede transformar esta crisis sanitaria, en una de carácter humanitario».
Así mismo, recuerdan que «en España hay más de 3.500 mercadillos que se celebran cada semana, y tras ellos, 40.000 autónomos y miles de familias viven de esta actividad económica».
Por eso, CCOO y Gazkalo piden al Gobierno de Navarra un «plan de rescate que incluya la implementación de medidas extraordinarias que modernicen la imagen, prestaciones, servicios y productos del mercado, entendiendo esto como una expresión del comercio local y de proximidad». «Este plan debe abordarse desde el enfoque de lucha contra la exclusión social y debería prohibir la deslocalización de los mercados a zonas periurbanas», precisan.
Por tanto, ven «necesario» que se redacte una «ley marco con la participación de todos los agentes implicados, una ley específica del comercio ambulante que reconozca la diversidad, las características y los elementos específicos que la componen» con el fin de que «los mercados podrán competir con las grandes superficies y los productos lowcost». Además debería recoger que «todos los ayuntamientos que tengan en su territorio un mercado de venta ambulante tengan una Mesa de Trabajo en la cual estén representados los vendedores ambulantes y en la que se realice un seguimiento de la evolución del mismo y tenga capacidad para hacer propuestas que se eleven a su respectivo gobierno municipal».
Por último ven «importante habilitar una unidad policial especial para la gestión de los mercados». «Esto mejoraría la confianza entre los agentes y los comerciantes y sería más fácil también detectar posibles irregularidades», aseguran.
