David Muñoz Lagarejos
La economía se caracteriza por el uso de recursos escasos y las distintas alternativas entre las que utilizar dichos recursos. A su vez, la oferta y la demanda canalizan estas alternativas. ¿Cómo se coordinan millones de personas en un país, región económica o el mundo en su conjunto para ofrecer y demandar bienes y servicios en el mercado? A través de lo que se conoce como “mecanismo de precios”, es decir, los precios.
Este mecanismo hace que la economía se comporte de manera eficiente, es decir, los recursos se asignan a la actividad que mejor los va a utilizar; en otras palabras, a la actividad que más ventaja va a obtener de utilizar dichos recursos.
La función de los precios es dotar de incentivos que afecten al comportamiento en el uso de los recursos y de los productos que resultan de éstos, ya que los precios afectan recíprocamente a consumidores y productores: los mercados coordinados por precios permiten a unas personas (consumidores) señalar cuánto quieren y cuánto están dispuesto a pagar por lo que quieren, mientras otras personas (productores) señalan qué están dispuestos a producir a cambio de esa compensación.
La actual situación en la que estamos inmersos, bajo la expansión mundial del coronavirus, es una excusa perfecta para aquellos que quieren controlar la economía y buscan cualquier motivo (con la propaganda de siempre) para hacer ver que el control de la economía y un mayor intervencionismo es positivo y el único camino para alcanzar una solución.
Varios miembros del Gobierno español, entre ellos Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, por ejemplo, han dejado caer en más de una ocasión su apoyo a un control de precios (precios máximos y mínimos), sobre todo en productos básicos y, en la situación actual, aquellos que son más necesarios para luchar contra el coronavirus. Siempre ocurre lo mismo: durante siglos y siglos los controles de precios se pintan como la solución para que todo el mundo, en especial las personas con menos recursos económicos tengan acceso a productos básicos, o como un mecanismo de asegurar un nivel mínimo de renta (los famosos «precios justos» del sector agrario); pero la realidad es bien diferente.
Como he dicho, el control de precios puede darse de dos formas: precios máximos y precios mínimos. Los precios máximos consisten en imponer un precio por debajo del precio de equilibrio de un mercado, esto es, se rompe el equilibrio entre oferta y demanda y el poder político decide a qué precio debe venderse un bien o servicio. Dicho precio no puede superarse. Por su parte, los precios mínimos son una barrera por encima del precio de equilibrio y dicho precio no puede reducirse.
La ruptura del mecanismo de precios altera el funcionamiento de la economía, por razones obvias: los recursos ya no se asignan a través de los precios, sino a través de la discrecionalidad del gobernante de turno. Esto, por supuesto, afecta a la eficiencia del mercado. Pero eso, por lo general, poco le importa a quien impone controles de precios. Éstos se suelen utilizar en pro de una mayor igualdad. Pero hay que recordar que una política económica se debe evaluar por sus resultados y no por sus intenciones. Y también observar el conjunto de la economía y no solo una parte de ella, además de observar sus efectos a largo plazo y no solo a corto plazo (lo que se ve y lo que no se ve; Hazlitt).
Los precios máximos (p < p*) hacen que aumente la demanda y supere a la oferta (exceso de demanda). Se produce escasez, entrando en escena el racionamiento y las colas de espera para obtener el bien o servicio en cuestión. Por otro lado, los precios mínimos (p > p*) hacen que aumente la oferta por encima de la demanda (exceso de oferta). Se produce excedente (que será mayor cuanto mayor sea la diferencia entre oferta y demanda al precio establecido por decreto).
Las consecuencias de los controles de precios son contrarias al objetivo inicial. En el caso de los precios máximos se pretende que todos tengan acceso a un bien o servicio y el resultado es que algunos siguen sin tener acceso, debido a la escasez; y los que pueden acceder a dicho bien o servicio, lo hacen en una cantidad menor a la que deseaban y soportando largas colas para conseguirlo. Por su parte, los precios mínimos se imponen bajo la pretensión de asegurar cierto nivel de ingresos a algunos productores (por ejemplo, a pequeños agricultores y ganaderos) y también a ciertos consumidores (salario mínimo); el resultado también difiere del objetivo inicial. En el primer caso dicho nivel de ingresos puede no llegar al agricultor o ganadero en cuestión. Además, se produce una utilización innecesaria de recursos como tierra, agua y capital para producir más de lo que los consumidores quieren, afectando a la eficiencia de la economía y, por tanto, al bienestar general (dichos recursos que se utilizan de más podrían usarse en otras alternativas). Por otro lado, el aumento artificial de los precios afecta en mayor medida a las rentas bajas (pagan más por lo que antes era más barato y le queda menos renta disponible para gastar en otros bienes y servicios). En el segundo caso se produce desempleo, por lo que aquellos trabajadores que iban a ser ‘protegidos’ con un salario mínimo ya no reciben ningún salario.
Como he dicho antes, quienes lo defienden suelen argüir que bajo el control de precios aumenta la igualdad. Algo falso a todas luces. Si algo nos enseña la intervención de un gobierno en el mecanismo de precios es que nunca cumple lo previsto. Precios máximos y precios mínimos destruyen economías. Quienes enmascaran su discurso y su agenda política bajo la etiqueta “igualdad” al final rompen los mecanismos de la economía y destruyen al país en general. No se consigue igualdad, sino pobreza, hambre, etc.
Quienes dicen que solo importa la igualdad y no la eficiencia terminan sin igualdad y sin eficiencia, cayendo en una espiral de pobreza y miseria de la que no es fácil salir. No permitamos que rompan el mecanismo de precios e impongan controles. Ninguna economía sale ilesa de tal ignorancia suprema. Necesitamos entender que las leyes de la economía funcionan incluso en una situación como la que estamos viviendo (pandemia) y que los gobiernos nunca han sido capaces de crear mayor bienestar a través de controles de precios y regulaciones similares. De hecho, tales medidas conducen a la escasez, la privación, la pérdida de eficiencia, mayor desigualdad, etc. como he desarrollado en las líneas anteriores.
Imponer precios máximos no es la solución, tampoco al coronavirus. Si el Gobierno piensa que un artículo de primera necesidad (en este caso, artículos sanitarios) es muy caro debe saber que habrá más productores dispuestos a producirlo y venderlo, aumentando la oferta y, por tanto, reduciendo el precio. Que el Gobierno lo compre a precio de mercado y no imponga regulaciones absurdas y se producirá un efecto llamada hacia más productores. Es el momento del libre mercado, no de más intervencionismo.
David Muñoz Lagarejos, Graduado en Ciencia Política y Gestión Pública por la Universidad Rey Juan Carlos
