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La Junta de Gobierno Local ha valorado iniciar un procedimiento de análisis interno sobre todas las actuaciones relacionadas con la gestión de las escuelas infantiles durante la pasada legislatura para conocer los daños ocasionados y la existencia de posibles negligencias, que pudieran conllevar la asunción de responsabilidades
Se analizarán actuaciones como los cambios lingüísticos realizados en cinco escuelas en 2016, las convocatorias de empleo público anuladas por los tribunales o la adjudicación irregular del contrato de alimentación.
La Junta de Gobierno Local entiende que podrían caber responsabilidades por varios aspectos concretos de la gestión realizada en Escuelas Infantiles durante la pasada legislatura. Diferentes instancias jurídicas, como el Tribunal Administrativo de Navarra o el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, o entidades fiscalizadoras, como la Cámara de Comptos, ya se han pronunciado sobre esos aspectos, resolviendo su reversión, como en el caso de los cambios lingüísticos en cinco escuelas, o su anulación, como en el caso de la convocatoria de 91 plazas de educadoras de Escuelas Infantiles.
Sobre el cambio de modelo en cinco escuelas
Varias sentencias judiciales han reiterado la arbitrariedad de los cambios de modelo lingüístico de cinco escuelas infantiles en 2016 y el incumplimiento del deber de garantizar los derechos de los progenitores a la libre elección del modelo lingüístico para sus hijos, cambios que afectaron también al personal de las escuelas infantiles. De esas sentencias, se ha derivado la obligación de revertir esos cambios, una reversión que se va a llevar a cabo a partir del próximo curso de una manera gradual y progresiva.
Es voluntad del Ayuntamiento ejecutar complemente la sentencia revirtiendo los cambios lingüísticos realizados en la pasada legislatura y exigir responsabilidades, si las hubiera, en el caso de que los tribunales determinen la existencia de indemnizaciones a los padres y madres por los daños o perjuicios que se ocasionaron con esos cambios. El Ayuntamiento está trabajando ya para que la oferta futura de plazas en Escuelas Infantiles se hará conforme a la realidad sociolingüística de la ciudad.
Otras actuaciones en cuestión
El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha resuelto en los últimos meses en dos ocasiones contra las decisiones de gestión en Escuelas Infantiles tomadas en la anterior legislatura. El TAN ha considerado que la convocatoria de 91 plazas de educador de escuelas infantiles era discriminatoria, pues se favorecía a quienes ya estaban trabajando en los centros. Y es que 17 de los 41 temas de la convocatoria de oposición eran de conocimiento único y exclusivo de quienes ya trabajaban allí. Incluso algunas personas habían recibido formación sobre esos temas dentro del horario de trabajo.
Además, el TAN anuló el incremento en el nivel de inglés exigido para las trabajadoras en escuelas infantiles aprobado en plantilla orgánica hace un año. Se modificaba el perfil de B1 a C1 para exigir así la misma competencia lingüística que en los modelos en euskera. Un requisito que afectaba a las trabajadoras subrogadas de los modelos Hello tras la remunicipalización de las tres escuelas que impartían el modelo en castellano con actividades en inglés, ya que se les exigía un requisito superior por el que se les había contratado. El tribunal eliminó esa la necesidad de acreditar conocimientos de inglés de nivel C1 y mantuvo el requisito anterior de nivel B1
La Cámara de Comptos acreditó también que la oferta pública de empleo de las Escuelas Infantiles superaba la tasa legal de reposición, con la pretensión de contratar a más personas de las que se podía contratar según la actual normativa. Por último, La Cámara de Comptos recogió en un informe de fiscalización otra actuación irregular en la adjudicación del contrato de alimentación de las Escuelas Infantil. Ese contrato estaba dotado con 700.000 euros y se adjudicó en un procedimiento sin ningún tipo de licitación, es decir, a dedo, y sin seguir la normativa al respecto sobre contratación.
Procedimiento para la exigencia de responsabilidades
En resumen, si de estos análisis se detecta que ha habido una actuación negligente o de mala fe en las actuaciones de cambios lingüísticos en Escuelas Infantiles en 2016; por la aprobación de una convocatoria de 91 plazas de educadoras discriminatoria por un temario a medida de parte de las personas aspirantes; por la pretensión de incumplir la tasa de reposición y contratar a más personas de las legalmente establecidas; por pretender cambiar los requisitos del nivel de inglés para las trabajadoras procedentes de las Hello; y por la inexistencia de publicidad adjudicar un contrato con un gasto superior a 700.000 euros; entonces se actuaría de acuerdo a la normativa, que habilita el procedimiento de exigencia de responsabilidad.
En concreto, la Ley 40/25 del Régimen Jurídico del Sector Público establece en sus artículos 36 y siguientes la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. En cuanto a la exigencia de responsabilidad patrimonial, la norma establece que “la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo o culpa o negligencia graves”.
