Carmen Maeztu, consejera del Gobierno de Navarra.
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El Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra aumenta un 1,1 millones hasta 2,5 millones de euros la cantidad que destinará a acciones de inclusión social, empleo de colectivos vulnerables y acceso a la vivienda para 2020
El Consejo de Bienestar Social, órgano colegiado y consultivo en el que participan representantes del Gobierno foral, de las entidades locales, de organizaciones sociales, agentes económicos y de las universidades, ha aprobado recientemente estas convocatorias de ayudas.
Parte de la financiación de esta partida recae en el porcentaje que en la declaración de la Renta los ciudadanos destinan a otros fines de interés social al amparo de la Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7.
En los próximos días serán publicadas en el Boletín Oficial de Navarra.
Estas actuaciones se enmarcan dentro de las líneas de acción prioritarias del Plan Estratégico de Inclusión Social 2018-2021. El acceso al empleo de las personas en situación de exclusión social, principalmente perceptoras de renta garantizada; el desarrollo de itinerarios formativos-laborales; y la puesta en marcha de acciones de incorporación socio-laboral como elementos esenciales que hagan posible el derecho a la inclusión social reconocidos en la Ley Foral de Inclusión Social aprobada en Navarra en 2016.
Según la consejera de Derechos Sociales, María Carmen Maeztu, “el objetivo de estas ayudas es mejorar las condiciones de vida de personas en situación dificultad en Navarra y contribuir a la lucha contra la pobreza, además de reducir las desigualdades sociales. Esta será la única manera de avanzar hacia una sociedad más inclusiva, equitativa y cohesionada”.
Además, ha añadido que “poco a poco vamos viendo los resultados positivos de estas medidas: en el último año hemos conseguido reducir la pobreza severa en Navarra y aumenta cada año el número de personas que reciben la renta garantizada que logran un empleo”.
La puesta en marcha de estas iniciativas se realiza en colaboración con las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, a quienes de dirigen estas convocatorias, y los proyectos que se realicen en el marco de las mismas deben incluir la perspectiva de género, tanto en su elaboración como en su ejecución.
Inserción socio-laboral, contratación de personas desempleadas perceptoras de Renta Garantizada y jóvenes menores de 30 años.
Con una dotación global de 1.403.993 euros las actuaciones que tienen como destinatarias a personas desempleadas tendrán dos modalidades.
Por una parte se destinarán 703.993,00 euros a proyectos integrales de acompañamiento en itinerarios de inserción socio-laboral, incluidas acciones de carácter pre-laboral, de capacitación personal y formación ocupacional y prácticas en empresas y están dirigidos a personas que debido a carencias formativas, déficit de competencias personales o situación administrativa irregular, entre otras circunstancias, no pueden acceder a los recursos ordinarios en materia de formación y empleo.
Por otra, como en ediciones anteriores, se apoyará la contratación de personas beneficiarias de renta garantizada y jóvenes menores de 30 años en situación o riesgo de exclusión social, línea a la que se dedicarán 700.000,00€ euros. Gracias a ello, en el año 2019 se han contratado a 49 personas perceptoras de RG.
Apoyo a grupos vulnerables
El conjunto de medidas contempladas en el apartado de proyectos de inclusión y protección social de grupos vulnerables, dotado con 779.955,32 euros contempla distintas modalidades de actuación, según colectivos. Así, 27.000 euros se destinarán a la participación de personas en situación de exclusión social en centros ocupacionales de inserción. 100.000 euros se invertirán en facilitar alternativas residenciales a personas en situación de exclusión social y 105.000 euros a la cobertura de las necesidades alimentarias de las personas, tanto en comedores sociales, como a través del reparto de alimentos.
Otro de los colectivos a los que se destinarán estos fondos son personas que ejercen la prostitución, con una dotación de 115.000,00 euros para acciones de acompañamiento social especializado.
En el caso de la población gitana se realizarán actividades de apoyo y refuerzo educativo extraescolar a menores y de prevención del absentismo, promoción de la población joven y de las mujeres gitanas… con un importe de 205.955,32 euros.
Otros colectivos a los que se dirigen estas acciones son personas reclusas o ex-reclusas y personas en tratamiento por trastornos de salud mental donde concurran otros factores de exclusión social, con una dotación de 155.000 y 72.000 euros respectivamente.
300.000 euros para programas de vivienda de integración social y otras actuaciones de diagnóstico e intervención socio-residencial
Finalmente, este paquete de medidas se completa con las actuaciones en materia de vivienda de integración social de los colectivos más desfavorecidos.
Entre las acciones desarrolladas se incluyen también aquellas encaminadas a mejorar la convivencia en entornos vulnerables, tanto en barrios como municipios, identificando dónde puede haber conflictos para detener o paliar procesos de segregación y exclusión residencial.
En 2020 se ha previsto un presupuesto de 300.000 euros para ambas modalidades (programa VAIS y otras actuaciones socio-residenciales).
El programa se basa en promociones anuales de vivienda nueva de la sociedad pública Nasuvinsa y de otras promotoras privadas que ceden un porcentaje de viviendas al programa, y de otras provenientes de la bolsa de alquiler.
