La liquidación previsional atribuye al expresidente de la Generalidad 2,1 millones desviados y a Junqueras, 3,5
El Tribunal de Cuentas ha reclamado un total de 4,1 millones de euros a una treintena de cargos y exaltos cargos del Gobierno de la Generalidad presidido por Carles Puigdemont, tanto los que fueron condenados por el Supremo como los que se encuentran en rebeldía, y a varios exaltos cargos del gobierno catalán, por los fondos públicos presuntamente destinados a la celebración del 1-O. De la cantidad obtenida en la liquidación provisional 3.903.294 corresponden a los daños ocasionados a los fondos públicos y 242.980 a los intereses devengados desde 2017 hasta ahora.
La instructora de la causa ha levantado un acta de liquidación provisional por importe de 4.146.274 euros, de los que 3.903.294 euros corresponden al principal de los daños ocasionados a los fondos públicos y 242.980 euros a intereses.
En el caso de que no abonen la cantidad exigida se procederá al embargo de sus bienes, como se hizo en el 9-N, donde se acabó condenando al expresidente de la Generalidad Artur Mas a pagar 4,9 millones de euros.
Nada más conocerse la cifra provisional, Puigdemont instó en Twitter a ayudarles a quienes votaron el 1-O e inmediatamente se abrió una caja de solidaridad para cubrir lo exigido.