El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, durante una comparecencia. EFE
El Gobierno presentará ante el Tribunal Constitucional dos incidentes de ejecución de sentencia para que anule parte de la resolución aprobada por el Parlamento catalán el 25 de julio, de reprobación del rey, y advierta a su presidente, Roger Torrent, de que puede incurrir en un delito
Según ha apuntado el ministro de Política Territorial en funciones, Luis Planas, podría tratarse de un delito de desacato, aunque sería necesario examinar qué tipo jurídico se puede aplicar si Torrent y el resto de miembros de la Mesa del Parlamento no cumplen las sentencias del Constitucional.
En este sentido, ha reiterado que el Gobierno también tiene intención de recurrir las resoluciones del Parlamento de Cataluña de la semana pasada, pero que aún no sabe qué mecanismo va a utilizar si será un recurso ordinario ante el TC, previa consulta al Consejo de Estado, o será vía un nuevo incidente de ejecución.
Planas ha recordado que el Gobierno está a la espera de la publicación oficial de estas resoluciones, en las que se avala la desobediencia civil y se pide la expulsión de la Guardia Civil en Cataluña.
Y al conocer en directo que se acababa de producir esta publicación en el diario oficial de la cámara catalana, ha dicho: «Qué bien cronometrada está la actuación del Parlamento, también la de este Gobierno».
En los incidentes de ejecución acordados hoy, el Gobierno pide la nulidad de las resoluciones del 25 de julio, pero también que el TC haga «una clara advertencia» a Torrent y los miembros de la Mesa para que «se abstengan de cualquier actuación contraria» a sus sentencias porque tendrían responsabilidades jurídicas y penales.
Planas ha destacado el incidente de ejecución es un mecanismo que se ha utilizado muy poco y es «especialmente importante» porque evita al Gobierno «el tener que plantear un nuevo recurso ante el TC en relación con un tema sobre el cual ya haya sentado doctrina».
«Vamos a respetar y hacer respetar la Constitución y la ley en el conjunto de España», ha afirmado Planas. Así que «lo mejor para todos sería que la Mesa del Parlamento cumpliera lo que le indica el Constitucional», ha advertido.
La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celáa, ha explicado que el Ejecutivo considera que varios apartados de la resolución del 25 de julio, sobre las ‘propuestas para una Cataluña real’, vulneran «directa y frontalmente» sentencias del Constitucional por lo que solicita su «declaración de nulidad y su inmediata suspensión».
También que se advierta al presidente del Parlamento, Roger Torrent, y a la Mesa de su obligación de acatar estas sentencias y se les aperciba de las responsabilidades penales en las que pueden incurrir.
El recurso del Gobierno al TC se refiere en concreto a los apartados sobre la «ratificación en defensa del ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo catalán» y al que recoge la reprobación del rey. EFE
El Gobierno lleva al TC la resolución del Parlamento catalán de reprobación del rey
